Palau, la «mordida» de CDC

La historia comenzaba hace cinco años, un 23 de julio de 2009. Por sorpresa, sin que nadie imaginara que aquel iba a ser el primer acto para descubrir el caso de corrupción más importante conocido nunca en Cataluña, ese día los Mossos d’Esquadra registraban el Palau de la Música Catalana. En esa fecha, de la que el pasado miércoles se cumplían cinco años exactos, se hablaba de un desvío de 2,2 millones a favor de Fèlix Millet y varios directivos, un escándalo ya mayúsculo de inicio pero que acabaría cogiendo con el transcurso de la investigación una dimensión mucho mayor : Por el volumen de fondos públicos saqueados, más de 30 millones, y, sobre todo, por su derivada política, con la implicación directa de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el cobro de comisiones ilegales, 6,6 millones de euros a cambio de adjudicaciones de obra pública vehiculados a través del Palau, que ejercía como lucrativo intermediario.

Cinco años después, y tras el paso de cuatro jueces instructores, aún no hay fecha para la apertura del juicio oral. En julio de 2013, el juez Josep Maria Pijuan cerró la instrucción, y se especulaba con que el juicio podría llegar en 2015, algo que ahora ya nadie asegura. La reapertura del caso en junio para imputar a nueve empresarios que realizaron obras en las casas de Millet y Fèlix Montull, pero cuyas facturas giraron al Palau, hará que el caso se dilate más. No hay fecha.

Sea como fuere, y al margen del calendario, pocos casos como el del Palau han servido para trazar con toda nitidez el mecanismo de la financiación ilegal de un partido a través del cobro de comisiones. Si durante años en Cataluña se especuló con el famoso «tres por ciento» -el porcentaje de la mordida que Pasqual Maragall denunció en sede parlamentaria-, tendría que estallar el caso Palau, con todas sus derivadas, para poner negro sobre blanco el esquema de la corrupción.

Para empezar, en el escrito con el que en julio de 2013 se cerraba, provisionalmente, la instrucción, el juez apuntó que las comisiones no eran del tres, sino del cuatro por ciento: 2,5% para CDC y 1,5% para los saqueadores confesos del Palau . En otros casos, el reparto era del 3,5% y del 0,5%. En el origen del dinero, la empresa Ferrovial, que estableció con CDC un «pacto criminal» -en definición de la Fiscalía Anticorrupción- para verse favorecida en la adjudicación de obra: concretamente en la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia, cuyos concursos, pese a ello, se sostiene que se realizaron correctamente.

Como imputados, el extesorero de CDC, Daniel Osàcar; un exdiputado de CDC, cargos de Ferrovial y la calificación del partido presidido por Artur Mas como «responsable civil a título lucrativo», motivo por el que tiene embargada su sede principal.

La acumulación de pruebas es sustanciosa. Son numerosos los testigos que relatan las visitas del extesorero de CDC, Carles Torrent, ya fallecido, al despacho de Millet, donde recogía dinero -«sobres gorditos»- con billetes de 500 euros, según confesión de una de las secretarias de la institución.

Pese a todas las pruebas acumuladas, los imputados en CDC no alcanzan el escalafón más alto del partido de Artur Mas . El juez, a pesar de ello, reconoce que «otros altos responsables del partido» sin identificar ejercieron «el necesario ascendiente» sobre la Administración para influir en los concursos. Cinco años después del primer registro y tras un periplo judicial lleno de meandros, el imponente edificio modernista del Palau de la Música sigue proyectando sombras y sospechas sobre el caso de corrupción más notorio conocido hasta ahora en Cataluña.