La Junta de Andalucía contrató a 1.300 personas en vísperas de elecciones

En noviembre de 2011 se celebraron las elecciones generales y, poco después, Andalucía encaraba su particular campaña electoral autonómica. El socialista José Antonio Griñán firmó en enero el decreto convocando las elecciones al Parlamento andaluz, que se celebraron en marzo.

En 2011 ya estaba en vigor la ley que impide ampliar plantillas a las administraciones públicas. Pero, en la práctica, la Junta sorteó la limitación en su entramado de empresas públicas, un total de 167 en esos momentos, 57 controladas directamente por el Gobierno andaluz como accionista mayoritario y otras 110 en las que tenía mano como socio. Durante 2011, con las elecciones generales y las autonómicas andaluzas a la vuelta de la esquina, la plantilla de este entramado de empresas públicas se disparó, y el informe del Tribunal de Cuentas no se ha resistido a apuntar que eso ocurría «en año electoral y en plena crisis económica». La anotación expresa del órgano fiscalizador no es casual.

Pero no solo en las empresas públicas aumentó la plantilla, sino también en las fundaciones de la Junta. Entre unas y otras, durante el año 2010 sumaban una plantilla media de 27.729 trabajadores; al año siguiente la cifra se elevó a 29.022. En doce meses, por tanto, 1.293 empleos más. Y eso que había menos entes en los que trabajar: dos empresas públicas y seis fundaciones menos que en 2010.

De hecho, hubo una curiosa operación. En 2011 la Junta decidió fusionar dos de sus fundaciones y las reconvirtió en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Eso supuso traspasar a los 1.529 empleados de esas dos fundaciones a la Agencia. En simple lógica, eso significaría que la plantilla total de las fundaciones de la Junta se habría reducido, por tanto, en 1.529 empleados. Pero tampoco fue así, ni de lejos: la plantilla media del entramado de fundaciones solo se aminoró en 437 trabajadores. Es decir, el traspaso de esas dos entidades supuso, en realidad, un aumento de más de mil empleados en el entramado de fundaciones que quedaban activas.

A la par, la red de empresas públicas de la Junta disparó el número de empleados no solo en esos 1.529 que asumió procedentes de las dos antiguas fundaciones reconvertidas en agencia empresarial, sino con otros alrededor de 300 más que fueron colocados en distintas sociedades.

Y todo esto con un sector público que en nada iba -ni va- boyante. Todo lo contrario. Tanto el entramado empresarial de la Junta como sus fundaciones arrojaron pérdidas multimillonarias en 2010 y 2011. En el año 2010, las sociedades vinculadas al Gobierno andaluz perdieron 140 millones de euros pese a haber recibido casi 1.500 millones de euros en subvenciones y transferencias de explotación; y en 2011, sumaron otros 2,4 millones de euros de pérdidas, a pesar de que la Junta les había inyectado unos 1.700 millones de euros. Las fundaciones, por su parte, recibieron del Gobierno andaluz en 2010 y en 2011 un total de 546,5 y 197,5 millones de euros, respectivamente, y aún así arrojaron unas pérdidas anuales de 43 millones de euros en 2010, y de otros 9 millones en 2011.

Entre pérdidas y dinero público inyectado en empresas y fundaciones públicas de la Junta, entre 2010 y 2011 esta «administración paralela» arrojó unos números rojos sumaron en total más de 4.300 millones de euros.

Lo que facilitan las empresas y fundaciones públicas es, entre otras cosas, una mayor discrecionalidad a la hora de contratar. Una puerta abierta al enchufismo en potencia , como ha certificado el propio Tribunal de Cuentas. Y es que, pese a tratarse de entidades públicas, las normas que en la práctica se aplican a la hora de contratar trabajadores son laxas. Y tan notorias como que el Tribunal de Cuentas ha advertido de prácticas generalizadas en las empresas públicas autonómicas en las que se incumplen los requisitos legales en la selección y contratación de personal.