El imputado por grabar a Doña Cristina se querella contra el juez Castro

ABC ha tenido acceso en exclusiva a la querella presentada el 2 de julio en los juzgados de Palma de Mallorca contra Castro por presuntos delitos de prevaricación y falso testimonio. La querella que aún no ha sido admitida a trámite.

El magistrado que ha imputado dos veces a Doña Cristina había dictado el 28 de enero una providencia en la que se prohibía «terminantemente» que se pudiera acceder al edificio con dispositivos aptos para la captación de imágenes o sonidos , excepto a los funcionarios adscritos al Servicio de Guardia. Tras la filtración, el 9 de febrero el juez Castro da una orden verbal al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Baleares, Antonio Jarabo, para que averigue inmediatamente el origen de la grabación. Con esta orden explica la querella, el magistrado se «extralimito en sus funciones al requerir la máxima celeridad». El oficio por el que el juez solicitó la investigación no fue incorporado a las diligencias policiales hasta dos meses después, tras solicitarlo la defensa de Carvajal. El magistrado, además, «se atribuyó funciones que no le competen, a la vez que interfirió en la instrucción de las diligencias». Ya el 10 de febrero Castro dijo a los periodistas que «tenemos una sospecha, pero no la puedo desvelar» de quiénes podrían ser los autores.

Por su parte, los funcionarios de su juzgado, con su «conocimiento y consentimiento», asumieron competencias investigadoras participando en una reconstrucción «sui generis», sin ninguna cobertura legal. De hecho uno de ellos reconoce «que realizó fotografías desde distintas filas de bancos , siendo la tercera el único lugar que coincide con las imágenes publicadas». «Esa reconstrucción no cumplió con las garantías legales», expone la querella.

Desde el primer momento, las principales sospechas sobre la autoría de la grabación recayeron sobre dos abogados acreditados en el último momento, pero sólo fue imputado Carvajal, que asistió a la vista por su colaboración con el despacho del abogado Javier Saavedra -de viaje en esas fechas-, que ejercía la defensa de Robert Cockx, presunto testaferro de Iñaki Urdangarin y ahora sobreseído de la causa.

La defensa de Carvajal ha utilizado todos los procedimientos legales para demostrar su inocencia. En un informe de parte, firmado por doctores en informática de la Universidad de Málaga, y en una tercera reconstrucción realizada el pasado lunes 16 de junio con pruebas de medición por triangulación láser, apuntan a que la cámara estaba situada en la posición F7 donde estaba sentada una funcionaria. «Físicamente también se puede grabar desde la posición donde estaba Carvajal, pero sería muy «cantoso».

Otra prueba que presentan es un oficio firmado por el comisario jefe de policía Antonio Cerdá que «revela que por orden de la autoridad judicial los funcionarios del caso Nóos no pasaron los controles y dispositivos detectores». De esta forma, el funcionario al que señalan los dos peritos universitarios no accedió al interior del edificio a través del escáner. Por ello concluyen que el juez trata de encubrir a toda costa que los funcionarios de su juzgado no se sometieron a las mismas medidas de seguridad.