Los escándalos políticos de IU: de los ERE a los sobresueldos en Granada
Ningún partido se libra de comportamientos poco éticos entre sus miembros o de tener a implicados por corrupción
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1234567La renuncia de Willy Meyer
Willy Meyer durante la rueda de prensa donde ha presentado su dimisión - EFE El eurodiputado Willy Meyer, que encabezó la lista de IU a las elecciones europeas, ha renunciado a su acta después de conocerse que el fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo, donde estaba inscrito, actuaba a través de una Sicav –una sociedad de inversión de capital variable que pretende eludir las obligaciones fiscales– en Luxemburgo.
Meyer cede así a la presión de los dirigentes de IU, que no venían otra salida que la dimisión para evitar el escándalo político. El eurodiputado –que se dio de baja del fondo este martes– se une a otros ilustres políticos de Izquierda Unida que han tenido que dimitir por escándalos políticos, tanto por actuaciones poco éticas, por evasión de impuestos o por casos de corrupción.
Los ERE de Andalucía: Torrijos y Valderas
Una imagen de archivo de Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía - JUAN FLORES. El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. En esta primera fase, la juez Mercedes Alaya imputó al primer teniente de alcalde de Sevilla y exvicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), por la supuesta venta irregular de los suelos de la empresa municipal a Sanma, una filial de la constructora Sando.
Además, otros cargos de Izquierda Unida se encuentran bajo investigación. Así es el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas. Según el testimonio de Francisco Javier Guerrero, tanto Valderas como el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, habrían intervenido «muy activamente» en la concesión de unas supuestas ayudas irregulares entre los años 2004 y 2008.
El portavoz en Asturias se niega a dimitir pese a ser inhabilitado
Ángel González, exportavoz de Izquierda Unida en Asturias - EP El Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenó a Ángel González, portavoz de IU en Asturias, a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia se remite a su etapa como viceconsejero de Bienestar Social, en el año 2010, cuando González adquirió 76 monolitos –por un importe de casi 50.000 euros– para marcar fosas comunes y enterramientos realizados durante la Guerra Civil, censados a raíz de la aprobación de la ley de memoria histórica.
Tras la sentencia, Ángel González descartó dimitir puesto que argumentaba que no cometió «ninguna actuación ilegal o irregular». Finalmente, el pasado 29 de mayo el Parlamento asturiano retiró el acta de diputado a Ángel González, que se encuentra suspendido de militancia de forma cautelar por su partido.
Sobresueldos de 10.000 euros en la Diputación de Granada
Imagen de archivo de María Asunción Pérez Cotarelo, diputada de Cultura en Granada - ABC A principios de este año, el PP –actualmente al mando de la Diputación de Granada– reveló los «sobresueldos» por dietas de comidas y desplazamientos de miembros de la coalición de PSOE-IU, que gobernó la institución en el mandato 2007-2010. La portavoz de IU y entonces diputada de Cultura, María Asunción Pérez Cotarelo, cobraba dietas por desplazarse dentro de la misma Granada capital y durante un viaje a la Feria del Libro en Cuba pagado con fondos públicos pasó dietas por valor de 500 euros.
«Algunos diputados del PSOE y de IU veían multiplicadas por dos sus nóminas por conceptos como trabajar a partir de las tres de la tarde además de por visitas institucionales o entregas de diplomas», ha denunciado el Partido Popular.
Caso Mercamed: 14 imputados del PSOE y de IU
Imagen de archivo de Julio Bernardo, exvicepresidente de la Diputación de Granada - abc Precisamente, Izquierda Unida de Granada está siendo investigada por el llamado «caso Mercamed». El magistrado Miguel Ángel del Arco ha cerrado la fase de instrucción con 14 imputados, entre ellos miembros del PSOE y de IU, acusados de prevaricación y malversación de fondos. Las irregularidades presuntamente cometidas por el anterior equipo de gobierno en la Diputación (PSOE-IU) estarían relacionadas con la organización de una feria empresarial en Tetuán (Marruecos) y una exposición interactiva en Chaouen.
Entre los imputados están el exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro (IU) y la actual portavoz del mismo partido en la institución provincial, Asunción Pérez Cotarelo.
La polémica alcaldesa de Manilva (Málaga)
Antonia Muñoz sale de los Juzgados de Estepona - Francis Silva El pasado verano, la alcaldesa de Manilva (Málaga, 14.100 habitantes), Antonia Muñoz, y los seis ediles que formaban parte del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento pidieron su baja inmediata del partido tras las peticiones de dimisión que tanto la dirección provincial, regional y federal habían planteado en reiteradas ocasiones. Muñoz mantiene dos causas pendientes en los juzgados de Estepona. Una tiene que ver con un presunto delito de prevaricación urbanística y la otra con la contratación supuestamente irregular de 108 personas en este Ayuntamiento.
Según denuncia la oposición, Antonia Muñoz habría contratado a una veintena de familiares en el Ayuntamiento del municipio malagueño sin ningún tipo de proceso selectivo.
El «desajuste contable» en Rivas
Imagen de José Masa, exalcalde de Rivas - Eduardo San Bernardo Rivas es una de las tres localidades que gobierna IU en toda la Comunidad de Madrid (junto con San Fernando de Henares y Fuentidueña de Tajo), y que tiene por emblema los servicios públicos. El pasado mes de mayo, el alcalde José Masa dimitió por supuestas «divergencias internas» con su propio grupo municipal. Sin embargo, muchos han apuntado que su dimisión puede estar motivada por un informe de la Cámara de Cuentas de los ejercicios de 2010 y 2011, según el cual hubo un desajuste contable de unos 20 millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).
A pesar de la fulminante dimisión del edil, una comisión de investigación creada en el Ayuntamiento ha concluido posteriormente que la gestión de la EMV fue correcta.
