Carlos Lesmes preside el Pleno del CGPJ en una imagen de archivo
Carlos Lesmes preside el Pleno del CGPJ en una imagen de archivo - efe
abdicación del monarca

El CGPJ debate el informe que propone el aforamiento de Don Juan Carlos

Casi la mitad del Consejo pide la retirada de la ley que reforma el Poder Judicial por «innecesaria»

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra hoy un Pleno extraordinario para discutir el informe que el órgano de gobierno de los jueces tiene que presentar respecto del Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que incluye, entre otras sugerencias, la revisión del aforamiento para cargos en los que esta prerrogativa no está incluida en la Constitución y fuertes críticas a novedades como la instrucción colegiada o la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.

El informe respecto de la propuesta presentada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón -que reforma toda la estructura judicial actual, que será sustituida por tribunales de instancia provinciales- ha recabado de cara a su discusión de mañana dos enmiendas a la totalidad defendidas por los seis vocales progresistas- que instan a que se pida al Gobierno la retirada del Anteproyecto- y los dos autonómicos, además de 74 enmiendas parciales presentadas por los diferentes vocales de este órgano, informa Ep.

Aforamiento del Rey

Respecto al aforamiento, el texto que se discute hoy propone que los aforados pierdan esta protección jurídica cuando cesen del cargo y que esta se limite a los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, considera «necesario» el aforamiento para Don Juan Carlos y doña Sofía tras la abdicación al ser personas de la «máxima relevancia del Estado». (Esta cuestión ha sido introducida, vía enmienda, en otra ley que ya está en trámite en el Congreso de los Diputados).

El Consejo valora positivamente que se reconozca el aforamiento a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Príncipe heredero y su consorte. «Por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico del Rey Don Juan Carlos I de Borbón y la Reina doña Sofía, tras la abdicación del Rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento», indica la propuesta.

Al mismo tiempo, el CGPJ recuerda que en Derecho comparado «no existe el aforamiento o los aforados son muy pocos», añade el texto preliminar del Consejo, que reconoce que esta prerrogativa causa situaciones de difícil comprensión y puede afectar a la igualdad procesal al extenderse «más allá de los casos previstos en la Constitución, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal».

Así las cosas, el CGPJ propone vincular el aforamiento a «los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel». «Debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desaparecido la condición o cesado en el cargo», precisa.

Instrucción colegiada

Respecto a la propuesta de establecer tribunales colegiados para investigar causas complejas de corrupción, el CGPJ cree que constituyen un «sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal». «El sistema colegial por su propia naturaleza es, en principio, más lento, por lo que no parece que sea idóneo para lograr una instrucción más rápida», añade el texto.

El texto sometido a debate insta a reconsiderar, por sus «serios inconvenientes» y chocar con la libertad de expresión, la propuesta de que el CGPJ ordene a quien perturbe a los jueces cesar en su conducta ya que, de no hacerlo, constituiría un delito contra la Administración de Justicia.

Además, cree que el hecho de que un juez unipersonal que sienta afectada su independencia solicite el apoyo de otros dos magistrados puede «afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley».

El CGPJ aconseja «una regulación en términos positivos y no en términos de prohibición» para que los jueces no emitan valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre procesos abiertos, una propuesta que considera «justificada y proporcional». Eso sí, sugiere no situar al mismo nivel a las asociaciones judiciales.