Anticorrupción afirma que la imputación de Doña Cristina se basa solo en «meras conjeturas»

El Ministerio Público presenta un total de 13 alegaciones y pide la revocación del auto de Castro en relación a la Infanta , «puesto que criminalizar conductas, como la presente, que por sus circunstancias, características e intensidades son inocuas, implica desnaturalizar la Jurisdicción Penal», que de este modo pasa a ser utilizada entonces «para debatir, bien sobre comportamientos cotidianos socialmente adecuados, bien sobre una supuesta falta de ejemplaridad».

Según señala el fiscal en el inicio de su escrito, «adoptar como pilar inicial de una investigación penal una "certeza absoluta", conlleva magnificar la nimiedad y convertir en sospechoso lo cotidiano». En este sentido, se habría partido de la base de que la Infanta «es culpable, no se sabe bien de qué», para a continuación «emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio».

En la misma línea, Horrach señala que «cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados».

Para el fiscal Anticorrupción, se habría llegado a esta situación indeseable por dos factores. Por una parte, se habría producido una «contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación». En este contexto, «las insinuaciones contenidas» en diversas resoluciones de Castro serían «un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental, porque la realidad no vende».

Por otra parte, el segundo factor distorsionador sería que se habría producido una «confusión» entre las funciones del juez y de las partes acusadoras. «Es material e intelectualmente imposible instruir y no prejuzgar, es intelectualmente imposible instruir sin convertirse en parte; es imposible instruir y simultáneamente ser el órgano valedor de las garantías de los derechos de las partes», afirma Horrach, para añadir que desea sumarse a aquellas voces que «defienden una evolución interpretativa del régimen procesal que se ajuste en mayor medida a los dictados y garantías constitucionales».