Cómo evitar el «declive» de la democracia en España

Reforma de la Justicia

«El Consejo General del Poder Judicial no solo no garantiza eficazmente la independencia judicial, sino que la perturba», denuncia Funciva «mediante una política de nombramientos de magistrados de altos tribunales que la opinión pública percibe, con razón, motivada más por razones de afinidad política partidista que de mérito y capacidad».

El informe añade que la «regulación actual del CPGJ contradice flagrantemente la doctrina del Tribunal Constitucional y certifica el asalto de los partidos políticos a la Justicia» al distribuirse los puestos en proporción a la fuerza parlamentaria de la formaciones.

Funciva señala que una simple reforma no es suficiente para solucionar los déficits del CGPJ, «una institución fracasada y que podría ser amortizada». Es necesario, por tanto, un debate que conduzca a «la formulación de un diagnóstico conjunto de los problemas y expedientes para solucionarlos». Estas fórmulas requerirían una reforma constitucional.

Reforma del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, «la clave de bóveda del Estado Constitucional» en tanto que es el responsable de dirimir, en última instancia, «los conflictos jurídico-políticos que puedan surgir en la vida del Estado», se enfrenta a problemas similares a los del CGPJ: ha sido «colonizado» por los partidos políticos, su prestigio ha quedado dañado gravemente, se ha convertido en una suerte de «Tercera Cámara en la que existe también una división entre mayoría y oposición» y algunos casos tardan hasta diez años en resolverse.

Para resolver estos problemas, Funciva reclama una reforma en tres frentes. El primero apunta a reforzar y fortalecer la independencia de los magistrados . En segundo lugar, «atribuir el amparo a la jurisdicción ordinaria» para descargar al Tribunal de trabajo. En ese sentido, Funciva propone establecer unos plazos máximos para dictar sentencias, nunca superiores a un año. Otra medida a abordar es introducir el recurso previo de inconstitucionalidad «frente a aquellas normas que son aprobadas en referéndum por el cuerpo electoral» o por las autonomías. Para conseguir estos objetivos sería necesario reformar el título IX de la Constitución.

Reforma de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal

Frente a crisis de deuda como la sufrida en 2010, cuando el déficit alcanzó cifras que superaban el 10%, reconoce la estabilidad que aportó la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución Española . Esta medida introdujo la estabilidad presupuestaria en la Carta Magna. Pero, mientras otros estados miembros de la UE han incorporado autoridades fiscales para cumplir con las exigencias de Bruselas, España ha instaurado una autoridad fiscal con «algunas carencias claves que dentro del contexto que vive nuestro país, la puede hacer disfuncional». Los responsables de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal son nombrados directamente por el Consejo de Ministros, «una muestra más de la imposibilidad de mejorar la autonomía y profesionalidad de las agencias independientes en España».

Funciva propone que el nombramiento del presidente de la autoridad fiscal y sus directores de división recaiga sobre una Comisión conjunta del Congreso y del Senado y que cuente con el apoyo de 3/5 partes de sus miembros. «La selección de candidatos se alcanzaría mediante anuncios en la prensa internacional y con el examen previo de una Comisión de notables encargada de velar por el proceso».

Reforma de la Ley de Transparencia

«En países como España, donde existen altos niveles de corrupción y movimientos políticos y sociales con voluntad de llevar a cabo un control efectivo sobre el poder, es necesario concretar y desarrollar instrumentos que permitan poner en marcha mecanismos de apertura sin que sean las propias instituciones las que discrecionalmente decidan las facultades, los límites y las condiciones del ejercicio de un derecho que sin duda tiene una vertiente constitucional».

La ley de transparencia aprobada por el Gobierno, según Funciva, tiene deficiencias: «La consideración del derecho de acceso como meramente subjetivo, la limitación de su aplicación al derecho administrativo, las causas poco claras para que el poder público pueda restringir la norma en sus propios ámbitos de actuación o la imposible independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establecido para garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno».

El informe señala que reformando la ley del año 2013 sería posible un «mayor control del poder institucional por parte de la ciudadanía y la opinión pública», «convertir el derecho a la transparencia en un auténtico derecho fundamental, «limitar las causas por las que el poder público pueda restringir la posibilidad de los ciudadanos accedan a los documentos y registros públicos», «acabar con el clientelismo» y «garantizar la independencia del Consejo de Transparencia».

Reducción del número de aforados

«El aforamiento es una figura procesal que no existe prácticamente en ningún Estado de Derecho de nuestro entorno. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia, hay aforados. En Francia el aforamiento sólo está previsto para los miembros del Gobierno. Frente a esa situación, España ostenta el récord de aforados: unos diez mil cargos públicos».

El aforamiento blinda a quienes están protegidos por él «de la posibilidad de ser imputados y juzgados por tribunales de primera instancia». En casos como las más altas magistraturas del Estado, explica Funciva, esta figura puede tener sentido. Pero su «extensión cuasigeneralizada a la totalidad de la clase política, y muy singularmente, al ámbito autonómico» es más discutible. Con la extensión del fuero a todos los miembros de los gobiernos y los parlamentos autonómicos, «una figura que debiera ser excepcional se convierte en general».

Así ocurre que la instrucción de los delitos en los que están implicados personas con fuero y sin él se complica notablemente. Eso demora los procesos y obstaculiza la eficacia de la lucha contra la corrupción. «Al mismo tiempo, transmite a los ciudadanos la imagen de que la Justicia no es igual para todos, y de que los políticos, presuntamente corruptos, gozan de un estatuto jurídico “privilegiado” y diferente al de cualquier ciudadano que puede ser directamente imputado por un Juez de Instrucción».

Funciva sugiere restringir esta figura para el Presidente del Gobierno, el Presidente de las Cortes, el Heredero de la Corona y los presidentes del Tribunal Supremo y Constitucional. De diez mil a cinco . «En el ámbito autonómico, el aforamiento debiera desaparecer por completo».

Reforma del indulto

La concesión de ciertos indultos «suponen una burla a la Justicia, y un ataque a la división de poderes». «El Gobierno se escuda en que el derecho de gracia está previsto en la Constitución, y así es, pero no puede ser interpretado de forma aislada y con independencia del resto de principios y valores constitucionales», denuncia Funciva. La concesión del indulto, que corresponde al Gobierno a instancia del Ministerio de Justicia, «es una reminiscencia del Antiguo Régimen en el que el Rey como soberano era el verdadero juez supremo».

Esta figura se mantiene en los Estados de Derecho «como una válvula de escape para evitar condenas injustas». Algo que no se cumple «en muchos de los indultos que habitualmente se conceden». Funciva pone el ejemplo de los cuatros mossos d’Esquadra condenados a cuatro años y medio de cárcel por torturar a un ciudadano detenido por error. «No son admisibles los indultos arbitrarios. Por esta vía, el Gobierno acaba configurándose como una cuarta instancia que corrige al Poder Judicial y deja sin efecto sus resoluciones. Esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho».

Para evitar esta disfunción, Funciva cree que se debe reformar la Ley del Indulto de forma que quede garantizada la «supremacía normativa de la Constitución» así como «la división de poderes, la igualdad ante la ley y el cumplimiento de las sentencias». ¿Cómo? Prohibiendo los indultos «en contra de la opinión del tribunal sentenciador» y excluyendo delitos como las torturas o la corrupción. «El indulto seguiría siendo una facultad del Gobierno, pero una facultad limitada». Aunque la forma «más respetuosa con el principio de división de poderes» y «avanzada» es privar al Gobierno de este derecho en favor del Tribunal Supremo.

Reforma de la Ley de Partidos

Los partidos políticos merecen «un profundo replanteamiento » en su organización y funcionamiento interno, pues «han adquirido un protagonismo excesivo que ha favorecido que se desarrollen estructuras de poder interno resistentes y “arbitrarias” mediante su capacidad para intervenir en la designación de las personas que forman parte de todas las instituciones públicas».

Funciva propone una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que consiga que los «ciudadanos recuperen la confianza en la política». Para ello, los partidos deberían garantizar la periodicidad de los Congresos, «exigiendo que se celebren con carácter anual o bienal». «Esto supondría una mejora desde la perspectiva de la rendición de cuentas de los dirigentes a los afiliados, y facilitaría la renovación de los cargos directivos». Y, entre otras medidas, Funciva apunta a la «participación efectiva de las bases en la confección de las candidaturas y en la redacción de los programas electorales». «La ley de partidos debe asegurar que los partidos abren procesos de primarias abiertas para la elección de sus candidatos».

Reforma de la Ley de Régimen Electoral General

Según Funciva, en España se dan «todas las exigencias para llevar a cabo una reforma electoral »: la aparición de nuevas fuerzas políticas que reclaman una mayor proporcionalidad del sistema electoral, el surgimiento de demandas de grupos ciudadanos con fuerte impacto en la opinión pública y la aparición de un «reguero de corrupción política que afecta a las instituciones y a los grandes partidos políticos». «Por todo ello, resulta necesario plantearse una reforma de la LOREG que profundice en la conexión entre los votantes y representantes».

El informe señala la complejidad de abordar esta cuestión, por lo que propone reducir la reforma al Congreso de los Diputados y no al Senado -«si no sirve para incardinar la voluntad de las comunidades autónomas, es mejor que desaparezca»-. Funciva se ciñe a dos planos distintos: la mejora de la proporcionalidad y una relación más cercana entre los políticos y los ciudadanos. Los objetivos son cuatro:

- «Fortalecer la calidad institucional, reconstruyendo un bipartidismo menos acentuado y menos tendente a depender de los partidos políticos regionales en la formación de coaliciones electorales y mayorías gubernamentales en el Congreso de los Diputados».

- «Corregir algunas tendencias a la sobrerrepresentación electoral, mediante la incorporación de cambios legales que permitan complementar moderadamente la actual fórmula electoral y neutralizar los efectos negativos en la proporcionalidad del sistema de una circunscripción electoral desfasada como es la provincia».

- Recuperar la cultura política del pacto, puesto que la reducción del peso electoral de los partidos mayoritarios haría prácticamente imposible la consecución de mayorías absolutas por un solo partido».

- «Establecer formas de listas desbloqueadas que permitan una mayor participación del elector en la configuración del orden de las personas que han de obtener acta de Diputado y, por lo tanto, reducir el peso del presidencialismo encubierto que se ha impuesto en nuestro sistema político».

Reforma del Derecho parlamentario

Pocas instituciones han sufrido un «vaciamiento mayor de su poder real y efectivo que las Cortes Generales a lo largo de estos años», subraya Funciva. «El proceso de implementación de sus funciones, en un Estado con una forma de gobierno parlamentaria excesivamente racionalizada y una organización interna de sus cámaras también muy determinada por la importancia de los grupos parlamentarios como sujetos políticos centrales, han hecho que el Parlamento quede en manos del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos».

Para mejorar la democracia, el informe dice que hay que limitar el «excesivo poder que han adquirido durante estos años los partidos políticos». Para ello, la reforma «más imprescindible» es «atribuir un derecho de iniciativa a todos y cada uno de los parlamentarios» frente a un sistema de listas cerradas y bloqueadas donde los partidos políticos son los únicos con capacidad para impulsar y adoptar las decisiones políticas. También se plantea reestructurar las sesiones de control al Gobierno, priorizando las preguntas de la oposición y estableciendo un tiempo para la formulación de preguntas como el modelo británico, sin que los miembros del Gobierno conozcan previamente el contenido de las preguntas.

Como medidas complementarias, Funciva pide regular el estatuto de la oposición, de modo que la puesta en marcha de procedimientos de control no quede a disposición de la mayoría de la Cámara, sino que sea suficiente con la disposición de varios diputados. Y poner luz sobre la relación entre los parlamentarios y los lobbies estableciendo un Registro de Organizaciones Sociales y Representativas de Intereses ante las cortes Generales.

Refuerzo de la lucha contra la corrupción

Funciva cree que deben tipificarse como delitos «el enriquecimiento injustificado de funcionario o cargo público y la financiación ilegal de un partido político». Es necesario «potenciar los medios humanos y técnicos que velan por la estabilidad el sistema lo protegen de las distorsiones que produce la corrupción». Eso se consigue mejorando la independencia y funcionalidad de órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas. El informe urge también a obligar a los sindicatos y fundaciones de los partidos a rendir cuentas políticas y administrativas. La corrupción debe ser castigada con dureza, añade Funciva, y se debe actuar sobre la Ley de contratos del Sector Público, «completándola con una legislación aún no existente sobre los lobbies y los conflictos de interés». «La Ley de transparenci a puede actuar positivamente en ambos, pero hacen falta además medidas específicas que hagan eficaces estos criterios».