Los jueces decanos advierten de un riesgo de politización con la nueva Ley del Poder Judicial
Francisco Martínez Espinosa, juez decano de Palma - Joan Llado

Los jueces decanos advierten de un riesgo de politización con la nueva Ley del Poder Judicial

El informe que valora el anteproyecto puesto en marcha por el Gobierno central también lamenta la actual falta de medios

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El juez decano de Palma y portavoz de sus homólogos en toda España, Francisco Martínez Espinosa, ha presentado este jueves el informe elaborado por la comisión nacional de jueces decanos en relación al anteproyecto de Ley del Poder Judicial, que es criticado en diversos aspectos por los magistrados españoles, por ejemplo porque implica un posible riesgo de politización o porque no contempla un incremento de los medios actuales.

El citado anteproyecto prevé la desaparición de la figura del juez decano, que era el único elegido por los propios magistrados. Esta figura será sustituida por la del presidente del tribunal provincial de instancia, que será un cargo de confianza nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Martínez Espinosa ha expresado su temor a un posible menoscabo de la democracia interna y de la independencia de los jueces con estos cambios y con otros que se prevén.

«No entiendo muy bien por qué nosotros no podemos hacer consideraciones jurídicas sobre cuestiones que afecten a otros poderes del Estado, como no sea por la voluntad de silenciar a la carrera judicial y de defender que los jueces seamos acríticos», ha señalado en la misma línea.

Por contra, los jueces decanos valoran en cambio como positiva la nueva organización territorial de la Justicia, en tribunales provinciales de instancia, pero consideran que será «inviable» por la «penosa» situación actual en lo referente a los medios existentes. En este sentido, todos los cambios previstos no podrán llevarse a cabo «si no se aportan más medios y no se dispone de más jueces». Los jueces decanos recuerdan que desde 2000 el número de magistrados ha crecido un 25 por cien, mientras que el número de casos lo ha hecho un 120 por cien. «Si fuese una empresa privada, ya hubiera cerrado», ha afirmado Martínez Espinosa.

El anteproyecto de ley que prepara el Gobierno central también prevé la desaparación de las partidas judiciales, lo que supondría centralizar toda la actividad. «En el caso de Baleares no lo acabo de ver, no acabo de visualizar cómo gente de Menorca o de Ibiza tendrán que venir a Mallorca», ha añadido el juez decano de Palma.

Preguntado acerca de la posibilidad de que el Rey pueda perder su condición de aforado, Martínez Espinosa ha reiterado que a juicio de los jueces decanos el aforamiento en España debería ser «el mínimo indispensable». En este contexto, ha indicado que en «un país en el que hay democracia, o en el que tocaría haber separación de poderes, en el que hay unos tribunales independientes y sometidos al ministerio de la ley, tal vez no haría falta que lo hubiese».

Martínez Espinosa ha añadido que «parece lógico» que Don Juan Carlos, al dejar de ser el Rey, pierda la condición de inviolabilidad reconocida por la Constitución. Este último pronunciamiento lo ha hecho únicamente en calidad de juez decano de Palma, pues es un asunto sobre el que no ha hablado aún con otros magistrados.