Un juez ordena investigar si Pujol y su esposa recibieron ingresos irregulares

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Alsina, que mantiene imputado a Oriol Pujol por tráfico de influencias y cohecho, también requiere a Hacienda para que le remita una copia de las declaraciones de renta presentadas por el diputado de CiU y por su esposa correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009.

El magistrado ha acordado estas diligencias en el marco de la investigación por cohecho que mantiene abierta contra Oriol Pujol, acusado de haber cobrado presuntamente de la trama corrupta de las ITV a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial que el Parlament tramitó en el año 2008.

Concretamente, el juez ha pedido al Servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio de Pujol y su esposa entre los años 2007 y 2009, "incluyendo todo tipo de activos, bien sean financieros o patrimoniales", en relación a una "posible percepción de ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional".

Asimismo, y a iniciativa propia, el magistrado ha requerido a Hacienda que le remita una copia de las declaraciones de la renta y patrimonio de Oriol Pujol y su mujer correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2007, 2008 y 2009.

Entre otras diligencias, el magistrado ha acordado también requerir justificación documental de los servicios que Anna Vidal aseguró haber prestado a la empresa Alta Partners de Sergi Alsina, imputado en la trama de las ITV y amigo íntimo de Oriol Pujol y a través del cual la Fiscalía sospecha que el diputado convergente cobró comisiones de la trama de las ITV.

Tanto Anna Vidal como Sergi Alsina afirmaron ante el juez que los 46.400 euros que la esposa de Pujol cobró de Alta Partners en el año 2008 obedecían a servicios profesionales de consultoría, por lo que el magistrado ha pedido a Vigilancia Aduanera que compruebe "los datos y las circunstancias" de los contratos esgrimidos por la mujer y el amigo íntimo del diputado.

Otra de las diligencias que el juez ordena, a petición de la Fiscalía, es solicitar al Parlament que certifique la fecha de presentación de las enmiendas que CiU formuló a la ley de Seguridad Industrial de 23 de julio de 2008, así como de las transaccionadas, y la fecha de aprobación de dicha normativa y del reglamento que la desarrolla.

El objetivo de esa diligencia es averiguar si, como cree la Fiscalía, Oriol Pujol influyó en el grupo parlamentario de CiU de forma que presentara enmiendas a la ley de Seguridad Industrial acordes a los intereses del empresario de las ITV Ricard Puignou, que pretendía establecer una cuota máxima de mercado en el sector supuestamente con el propósito de hacerse con nuevas estaciones de inspección de vehículos.

En el marco de la nueva investigación por cohecho derivada de la trama de las ITV, el juez del TSJC mantiene imputados a Oriol Pujol -que suma esta imputación a la anterior de tráfico de influencias-, a su esposa Anna Vidal y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou.

La Fiscalía Anticorrupción, que basa sus sospechas en informes del servicio de Vigilancia Aduanera, cree que Puignou pagó comisiones a Oriol Pujol a través del empresario Sergi Alsina, que a su vez habría materializado esos pagos mediante facturas giradas a la esposa del diputado convergente.