Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno - jaime garcía

Rajoy estudia agotar el plazo legal para que las elecciones sean en 2016

La ley permite que la cita electoral pueda llevarse hasta el 10 de enero de 2016, el año de la plena recuperación

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Mariano Rajoy tiene por delante una misión: reconciliarse con su electorado antes de que suene el gong de las elecciones. El cortejo no es fácil. Requiere de tres ases que el presidente, según sus próximos, guarda: resistencia a prueba de «cenizos o tristes», como señaló en su última entrevista; la evolución positiva de la economía; y el, no menos importante, control de los tiempos, baza que solo atesora quien ocupa el despacho de jefe del Gobierno. Que a Rajoy es difícil tumbarlo parece evidente; que la recuperación, por más que no parece plena ni tan rápida como la sociedad demanda, ya no ofrece dudas, también; y que el tiempo le favorece lo acredita que su mandato no acaba hasta las postrimerías de 2015, fecha en que la exigente Bruselas pronostica que España crecerá más que Italia, Francia y Alemania.

El Gobierno prefiere prolongar la legislatura unas semanas

Un presidente tiene capacidad para situar la fecha electoral cuando quiera, siempre que respete los plazos legales. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero hicieron uso de la prerrogativa de anticiparlas sobre la fecha prevista. Aznar, no. Como su compañero de partido, Rajoy tampoco parece decidido a hacerlo: primero, porque fía al tiempo buena parte de la cosecha de las duras reformas; segundo, porque en su ADN de político prudente no encaja el golpe de timón. Aclarado eso, la baraja de posibilidades se abre: no es lo mismo convocar las urnas a finales de año, con un presupuesto agonizante y algunas medidas sin completar, que hacerlo a la vuelta del año siguiente, 2016, más propicio para la revitalización política del PP, las alegrías económicas y la interiorizacion de que «todo esto ha merecido la pena», como ha prometido el Gobierno a los españoles. Por eso, en Moncloa, según ha sabido ABC, no se descartan ninguna de las opciones que derivan de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Según esta norma, el presidente tiene que convocar a las urnas 25 días antes de la «expiración del mandato de las respectivas Cámaras» y el decreto ya incluiría la fecha electoral, que ha de fijarse 54 jornadas después. No obstante, la letra legal da pie a interpretaciones, según se considere que el «mandato» alude a la elección de los diputados (el día de los comicios, 20 de noviembre de 2011) o se refiera a la constitución de las Cámaras (13 de diciembre) o, incluso, a la investidura presidencial. En el primero de los supuestos, Rajoy tendría como fecha tope el 20 de diciembre de 2015; sin embargo, si se estima que el arranque del mandato fue el momento en que las Cortes tomaron cuerpo y, por tanto, cada parlamentario firmó su acta, Moncloa podría llevar las generales antes del 11 de enero de 2016.

La convocatoria en 2016 facilitaría la visualización de la recuperación

También la Constitución, más imprecisa que la Ley Electoral, habla de «mandato»: en su artículo 68.6 fija un margen para la cita electoral «entre los 30 días y los 60 días desde la terminación del mandato». El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales considera que «la interpretación general es que los cuatro años se computen desde el día de las elecciones, es decir, el 20 de noviembre». Sin embargo, algunos constitucionalistas abogan por que la legislatura se inicia cuando Rajoy es investido; en ese caso los comicios podrían celebrarse hasta el 18 de enero o, incluso, según las coordenadas de la Constitución, hasta antes del 20 de febrero. Ese «aplazamiento» permitirá al Gabinete aquilatar la recuperación y la tendencia de que el empleo mejora. Asimismo, está pendiente la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios, que Montoro ha situado en 2015, pero que las exigencias de cumplimiento del déficit podrían obligar a retrasar. Para evitar un desfase en los compromisos con la UE, esa partida podría ser consignada en los Presupuestos de 2016 que, de celebrarse las legislativas ese año, Rajoy tendría ya aprobado.

Lo cierto es que ese tiempo, aunque medien las navidades, es vital para que el Ejecutivo recupere el vigor político que los duros ajustes que tuvo que acometer en 2012 y 2013 («yo me encontré un país en quiebra», repite el líder del PP) han contribuido a cercenar. La primera prueba la tendrá la noche del 25 de mayo: si el CIS acierta y, con él, los sondeos de Prensa, los españoles, a la vez que elegirán a sus 54 europarlamentarios, también darán muestras de que están dispuestos a perdonar sus pecados a Rajoy, al que se otorga una ventaja de 2,7 puntos sobre Rubalcaba. Después vendrán las municipales, un termómetro definitivo para calibrar la salud del matrimonio formado por los populares y su electorado. Un ministro recuerda que «cuanto más tiempo pase, mejor será para recoger los frutos de las decisiones». Algunas, contra su propio sistema sanguíneo: las clases medias, vivero popular, han visto mermar sus ingresos con la caída de sueldos y, sobre todo, la subida de impuestos.

Si finalmente los españoles son llamados a votar en 2016, el presidente conseguiría un tiempo de descuento para que la sociedad visualice la reactivación política del Ejecutivo, que pasaría, según esas fuentes, por una crisis de Gobierno «importante y profunda» antes de las municipales y autonómicas. Nada que ver con los cambios puntuales de Arias Cañete por García Tejerina o el futurible de De Guindos, si preside el Eurogrupo.