La Fiscalía apoya que Pedraz investigue el asalto de la embajada en Guatemala en 1980

En un informe, el fiscal Pedro Martínez Torrijos asegura que la limitación de la justicia universal aprobada por el Congreso no afecta a este caso, puesto que en la querella los hechos se califican como terrorismo. La reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, diferencia entre unos delitos y otros, de manera que solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar.

Por ello, el fiscal recuerda en el informe, por el cual responde a la consulta de Pedraz de si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma, que la investigación del asalto y quema de la embajada por las fuerzas de seguridad de Guatemala, que causó 36 muertos -entre ellos tres españoles-, sí es competencia de los tribunales españoles. Para dar peso a esta calificación de los hechos como terrorismo, el fiscal explica que «el delito de terrorismo es, entre otros, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, intimidar a la población, destruir o desestabilizar las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de un país».

Así, según Martínez Torrijos, en el marco de esta instrucción no cabría plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que «no existe obstáculo legal para mantener la jurisdicción en este caso y continuar con la investigación».