Los diputados tienen el doble de vacaciones de Semana Santa que los niños

En 2014 se da la circunstancia, además, de que al caer la Semana Santa en fecha avanzada —a mitad de abril—, el regreso de sus señorías a sus labores casi enlazará con el inicio del primer puente de mayo —Día del Trabajo y de la Comunidad de Madrid— por lo que no completarán la siguiente semana parlamentaria. En lugar de los tres días habituales de Pleno, la última semana de abril contará con solo dos días de actividad y el hemiciclo volverá a cerrar sus puertas el jueves 1 de mayo hasta el siguiente martes. La última semana de abril será también la segunda del mes con actividad parlamentaria ya que los primeros siete días de cada mes se consideran inhábiles. De esta manera, el hemiciclo solo colgará el cartel de «abierto» durante cinco días de abril.

A la vuelta de sus vacaciones, no obstante, sus señorías tendrán trabajo . Sobre la mesa encontrarán proyectos de ley tan importantes como la asistencia jurídica gratuita, regulación del alto cargo de la Administración, propiedad intelectual, supervisión de entidades de crédito, racionalización del sector público, parques nacionales, desindexación de la economía o la ley orgánica de control de la actividad económica de los partidos.

El órgano responsable de fijar el calendario de sesiones plenarias, y por tanto las vacaciones vinculadas a Semana Santa, es la Mesa del Congreso compuesta por PP, PSOE y CiU . La decisión se adopta por acuerdo mayoritario de sus miembros y lo habitual es que cuente con unanimidad y con el respaldo de la Junta de Portavoces donde están representados todos los grupos. Así sucedió sin crítica alguna este año.

Cuestión distinta son las abultadas vacaciones de Navidad y verano ya que, en este caso, es la Constitución en su artículo 73 la que determina que la actividad parlamentaria se dividirá en dos periodos ordinarios, abarcando de febrero a junio el primero y de septiembre a diciembre el segundo, y quedando así libres de plenos enero, julio y agosto. La Carta Magna, no obstante, deja en manos del Congreso la convocatoria de actividad extraordinaria. Así sucedió en 2013 cuando julio albergó varios plenos y agosto fue la fecha elegida por el presidente del Gobierno para comparecer por el caso Bárcenas.