Más de 600 municipios independentistas, dispuestos a dar el padrón para la consulta

Dada la capacidad de movilización de la AMI, que ha logrado que sus socios se sumen a campañas de insumisión fiscal, aprueben declaraciones de soberanía o incumplan la ley de banderas para esconder la española, es muy probable que se produzca un alud de cesiones del censo por parte de los municipios de la AMI cuando Mas así lo requiera, algo que, según la Agencia de Protección de Datos, vulnera la legislación española, pues implica la comunicación de datos sin permiso para un fin distinto del que se han recabado. El artículo 16.3 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que esos datos sí pueden entregarse a otras administraciones públicas sin consentimiento del afectado «solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes». Una excepción, dice la Agencia, que nada tiene que ver con una consulta independentista que no cabe en la Constitución.

Sin embargo, la Asociación presidida por el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal -la ciudad que concentra más recursos judiciales planteados por la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna-, encargó un estudio a Sital por la Independencia, la nueva sectorial de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que reúne a secretarios, interventores y tesoreros de administraciones locales.

La ANC es la plataforma que ya ha puesto fecha a la declaración unilateral de independencia, el 23 de abril de 2015, y propone tomar el control de los puertos y aeropuertos catalanes. Lo hace en una ponencia donde, además, se aboga por «confirmar la buena predisposición de todos los 425 ayuntamentos adheridos a la AMI y diseñar las diferentes medidas de presión democrática a los alcaldes que se muestren reticentes».

La cifra de ayuntamientos adheridos a la AMI ya es superior a la fecha en que fue elaborado el informe. Como se ve, la presión es máxima, pues precisamente el jueves se supo que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, envió una carta a los ayuntamientos en la que pide su colaboración en la consulta.

Sital avala la cesión del censo precisamente en base al citado artículo 16.3 de la Ley de Régimen Local porque, alegan, «la Generalitat tiene la competencia en materia de consultas populares». No obstante, entienden que la cesión del padrón «es un debate innecesario» porque los datos básicos para formar un hipotético censo electoral catalán ya los tiene la Generalitat a través del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)». Añaden que el artículo 52 de la ley 23/1998 de Estadística de Cataluña establece que «los ayuntamientos de Cataluña remitirán periódicamente, en soporte informático, de acuerdo con los formatos y en los períodos estandarizados, la información del Padrón Municipal de Habitantes al Idescat».

Las recomendaciones de Sital por la Independencia «serán de una gran ayuda para tomar decisiones e impulsar acciones desde los ayuntamientos», aseguró Vila d’Abadal. El edil ha encargado a esta sectorial otros dos informes, uno sobre haciendas locales y sobre un sistema de gobierno en el caso de que el Gobierno suspenda el sistema autonómico catalán.

El uso del padrón como censo de la consulta cuenta con detractores en grandes municipios, como los ayuntamientos de L’Hospitalet de Llobregat o Tarragona, del PSC. Por contra, los alcaldes de Barcelona (CiU) y Lérida (PSC) están dispuestos a cederlo.