Jorge Fernández Díaz: «La agresión fue brutal y pudo costar vidas humanas»

—¿Cuestionar el uso de pelotas de goma en Melilla tuvo un «efecto llamada» el 22-M?

—No creo que los hechos de Ceuta sirvieran como excusa a los violentos el pasado 22 de marzo, ni los días posteriores. Lamentablemente, no es la primera vez que vemos cómo grupos violentos se infiltran en las manifestaciones y producen gravísimos altercados y desórdenes públicos.

—¿Hubo fallos en el dispositivo?

—Se ha abierto una información reservada en la Dirección General de la Policía y hay que ser prudentes hasta conocer el resultado. En una situación extraordinariamente compleja como la que se vivió, bajo una enorme tensión, parece que sí es posible que se produjese algún error de coordinación, pero no hay que olvidar que el verdadero problema es que ese día centenares de radicales agredieron a la Policía con violencia extrema y destrozaron bienes públicos y privados.

—Pero ¿qué errores hubo para que grupos reducidos de agentes se quedaran en algún momento aislados?

—Creo que la profesionalidad de la Policía ha quedado absolutamente acreditada en numerosas ocasiones y yo quiero aprovechar para agradecer, reconocer y apoyar ese trabajo, especialmente el de las Unidades de Intervención Policial que actúan en las manifestaciones para proteger la seguridad y los derechos de todos. Si ese sábado hubo errores, se conocerán en su momento, pero eso no empaña el necesario reconocimiento al trabajo policial y al servicio público de calidad que prestan miles de policías. Los policías de las Unidades de Intervención también tienen familias y también tienen problemas, pero les confiamos una labor tan compleja como imprescindible para asegurar la pacífica convivencia. En períodos de recortes y de enorme sacrificio para todos los funcionarios públicos, los policías han tenido que trabajar más, a pesar de sufrir esas mismas dificultades. Y lo han hecho de forma ejemplar. Creo que es justo agradecerlo siempre que se puede y pienso que ese mensaje es mucho más importante que el de los posibles errores que, de forma involuntaria, pudiesen cometerse ese día.

—El 22-M, la violencia de los extremistas fue también indiscriminada.

—En realidad, ese día todos los vecinos de Madrid sufrieron una intolerable agresión a su pacífica y ordenada convivencia. Los que sufrieron con mayor gravedad las consecuencias de ese ataque fueron precisamente los policías que trabajan para defender nuestra seguridad y nuestros derechos. Y eso es absolutamente inaceptable y merece nuestra condena y tendrá reacción contundente en el marco de la ley.

—¿Qué falla en el Estado de Derecho para que tan graves disturbios se salden con un solo individuo que ingresa en prisión?

—Estoy completamente de acuerdo, algo falla cuando una decisión de los poderes públicos –en este caso de la Administración de Justicia– no puede explicarse fácilmente a los ciudadanos. Y es difícil explicar, después de haber visto las imágenes, que esos comportamientos vandálicos no tengan otra consecuencia que el ingreso en prisión de un solo individuo.

—¿Y qué remedio tiene esto?

—El anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana pretende crear un marco jurídico adecuado para responder con contundencia a estos actos violentos. Con todas las garantías, por supuesto. Pero también con toda la firmeza que merecen las conductas vandálicas. Si pueden ponerse multas por fumar en lugares en que no está permitido o por aparcar en un sitio en que está prohibido, ¿por qué no pueden imponerse sanciones económicas a quienes queman contenedores, destrozan escaparates o agreden a policías? Es más, si en 2007 el Gobierno socialista impulsó una ley para castigar duramente a quien incita a la violencia en los recintos deportivos, con multas de hasta 650.000 euros, ¿por qué no se puede impulsar una ley que castigue esas mismas conductas violentas en la calle? Alguien deberá explicar por qué tienen más derecho a la seguridad las personas que asisten a un acontecimiento deportivo –a los que, por cierto, pueden cachear sin restricciones vigilantes privados– que los ciudadanos que pasean por las calles. Creo que algunas fuerzas políticas, sindicales e instituciones y poderes deben explicar públicamente este doble discurso.

—¿Quiénes están detrás de esta estrategia de «guerrilla urbana»?

—Ante todo, poner etiquetas a los violentos, sean ideológicas o del tipo que sea, no debe hacernos caer en la tentación de explicar sus conductas. Dicho eso, detrás de los sucesos del pasado sábado están más de veinte grupos radicales y violentos de extrema izquierda. Algunos de estos grupos se dedicaron justo antes de la manifestación a quemar Constituciones españolas al grito de «español el que no bote». Es importante que se conozca el alcance de este fenómeno. No se trata de indignados. Se trata de grupos peligrosos y organizados, que persiguen subvertir nuestro sistema de convivencia y hacerlo con violencia extrema.

—¿Preocupa la creciente «profesionalización» de los agitadores y terroristas callejeros?

—Claro que preocupa, pero ante todo nos ocupa, desde la confianza en la respuesta ciudadana y en la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que vivió la ciudad de Madrid el pasado día 22 de marzo, sin olvidar los días subsiguientes, puso de manifiesto la organización de los grupos que actuaron, lo que demuestra que fueron claramente premeditados y planificados al detalle, que sabían a lo que venían, cómo y a quién hacer daño.

—¿Se siente el Gobierno vigilado con lupa por la UE tras los hechos de Ceuta?

—En absoluto. En el Gobierno estamos completamente convencidos de que la política de inmigración ha de formar parte de la agenda de la Unión Europea, y por ello invitamos a la Comisaria Europea de Interior, Cecilia Malmström, a que visite Ceuta y Melilla y conozca la realidad de primera mano.

—Pero ¿cómo se entiende que en un país democrático, como España, se personen unos observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) con el objetivo de vigilar la actuación de la Policía en los disturbios del 22-M?

—Lo primero que quiero dejar bien claro es que en ningún momento se dio ningún tipo de instrucción a las Unidades de Intervención Policial para que actuasen de forma diferente por la presencia de observadores de la OSCE, que, por otra parte, espero que tomaran buena nota de todo lo que pasó en Madrid. Y no lo digo por los miles de manifestantes que ejercieron su derecho de forma pacífica, sino por los violentos que escondidos en la masa esperaron su momento para actuar violentamente. En cualquier caso, en España necesitamos pocos observadores internacionales, ya que aquí se ejerce con normalidad el derecho de reunión y manifestación. Sin embargo, desde legislaturas anteriores existe una invitación abierta y permanente para que organizaciones internacionales puedan realizar misiones de observación en España. Creo que habrán tomado nota de que tenemos un Estado de Derecho que funciona correctamente y sobre todo habrán constatado la violencia extrema de esos grupos radicales y la profesionalidad de nuestra Policía.

—¿Echa de menos una condena de la oposición, especialmente del PSOE y de Izquierda Unida, por los graves disturbios?

—Estoy convencido de que ni los partidos políticos ni ninguna institución están ni por acción ni por omisión a favor de ninguna conducta violenta como las que vimos ese sábado. Por tanto, espero y deseo que en los próximos días se sumen al sentir de millones de españoles y condenen sus acciones. No es fácil entender que esas condenas no sean inmediatas, claras y contundentes, especialmente si se compara con otros casos en que se pide firmeza frente a los violentos.

—¿Corrió peligro la vida de los miembros de las UIP o de los viandantes en los altercados del 22-M?

—Creo que es evidente que la agresión fue brutal y pudo costar vidas humanas. Creo que este grado de violencia no puede ser tolerado o justificado bajo ningún concepto.

—¿Tiene el Gobierno instrumentos para atajar estos incidentes?

—Por supuesto. La seguridad ciudadana es una prioridad para el Gobierno, pero, ante todo, conviene no olvidar que es un mandato que se atribuye a las Fuerzas de Seguridad de forma expresa en el artículo 104 de nuestra Constitución y, por tanto, necesita la máxima colaboración de todas las fuerzas políticas, agentes sociales e instituciones. Por eso estamos dispuestos a mejorar el marco jurídico y adoptar las medidas necesarias, dentro de la ley, para hacer frente a este fenómeno.

—¿Sería necesario introducir mecanismos para regular el derecho a manifestación, que no restringir?

—El derecho de manifestación es un derecho fundamental recogido por la Constitución. Partiendo de esta premisa, ningún derecho es absoluto, y, con el máximo de los respetos a las libertades de todos y a la ley, en ese marco y bajo estos principios básicos es desde donde hay que buscar soluciones.