El fiscal quiere acusar a los antisistema de pertenencia a un grupo criminal
Algunos de los radicales que atacaron el pasado sábado a la Policía en Madrid - oscar del pozo

El fiscal quiere acusar a los antisistema de pertenencia a un grupo criminal

Analizará las grabaciones de las algaradas del pasado sábado para apuntalar su idea de que los radicales actuaron perfectamente organizados

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La Fiscalía de Madrid está buscando pruebas que permitan imputar a los vándalos de la manifestación del pasado sábado un delito de integración en organización o grupo criminal. Esto implica que las penas solicitadas para estos radicales se verían incrementadas de forma sustancial, pues la pertenencia a una organización criminal (antigua asociación ilícita) está recogida en el Código Penal como un delito autónomo que lleva aparejada su propia pena: de cuatro a ocho años los dirigentes, y de dos a cuatro los meros integrantes, cuando su finalidad sea la comisión de delitos graves. Si se trata de otro tipo de delitos (que no sean graves), estas penas se reducen de tres a seis años en el caso de los dirigentes y de uno a tres en el de los integrantes.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por ABC señalaron que están a la espera de que avance la investigación policial para ver si es posible imputar este delito a los radicales ya detenidos y a los que, en su caso, puedan ser arrestados. Se sumaría así al atentado contra la autoridad y a los desórdenes públicos por los que ya están imputados los 19 detenidos mayores de edad (hubo otros dos que tenían menos de 18 años) que hoy están en libertad con cargos. Al único arrestado al que el juez mandó a prisión y que hoy está también en la calle se le imputa, además, un delito de lesiones, por atacar con una piedra en la cabeza a un policía que yacía en el suelo inconsciente. El magistrado reconoció la posibilidad de que, conforme avance la instrucción, se le pueda cambiar la imputación por otra más grave, en función también del informe forense. La Policía quería que le acusaran de intento de homicidio. El fiscal ha recurrido ya esta libertad.

Ni la Policía ni la Fiscalía tienen dudas de que los vándalos actuaron de forma «concertada y organizada» para atacar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (un total de 67 resultaron heridos), pero esa voluntad hay que probarla.

Para ello es fundamental el visionado de las cintas de la batalla campal que los vándalos protagonizaron el sábado en Madrid tras las «Marchas de la Dignidad», una diligencia con la que, además de tratar de identificar a otros radicales aún no detenidos, se puede apuntalar ese concierto de voluntades que exige el tipo penal a través de los movimientos de los grupos por las distintas calles. En definitiva, se trata de ver que no actuaron de forma individual, sino conforme a un plan previamente establecido.

Según el Código Penal, «se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas».

Orden constitucional

La Fiscalía considera que la actuación de estos radicales se encuadra más en este delito de integración en organización criminal que en el 577 del Código Penal, previsto en el capítulo de «terrorismo» y que castiga las actuaciones de los que «sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a esos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicios, lesiones (...) o daños».

Las fuentes consultadas creen que, al menos de momento, es muy difícil probar que estos grupos radicales tienen como objetivo último subvertir el orden constitucional, pese a que en comunicaciones detectadas sí hacen menciones expresas a esa voluntad.

De hecho, los investigadores policiales tenían constancia desde hacía semanas de que se producirían disturbios. Un ejemplo es el vastísimo despliegue de Unidades de Intervención Policial (1.700 agentes) para la jornada del 22-M en Madrid.

Durante las marchas de las distintas columnas, antes de llegar a la capital, ya se habían unido grupos radicales, como Izquierda Castellana, que intentaron acaparar protagonismo y radicalizar una protesta, la oficial, que pretendía ser pacífica. Los especialistas en Información de la Policía, tal como adelantó ABC, sabían que al término de esta en la plaza de Colón grupos ultras organizados intentarían acampar en el eje Castellana-Recoletos hasta la tarde-noche del lunes.

Los pronósticos se cumplieron y, de manera organizada, poco antes de las nueve de la noche (hora límite del permiso gubernamental), comenzaron a desplegarse toldos y tiendas de campaña en el paseo de Recoletos, a dos pasos de Colón. Pero la rápida acción de la Policía evitó que la acampada, a semejanza de la de 2011 en la Puerta del Sol, cristalizara. Fue en ese momento, y en el que los vándalos intentaron llegar hasta la sede del Partido Popular, en la cercana calle Génova, cuando empezó el enfrentamiento con los agentes.