La mayoría del Congreso aprueba limitar la justicia universal

El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde, con 178 votos a favor y 136 en contra, a la iniciativa presentada por el Partido Popular para su inmediata remisión al Senado. La mayoría absoluta del Partido Popular ha servido para tumbar la treintena de enmiendas al articulado y las tres enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, UPyD y ERC.

Los populares impusieron una tramitación de urgencia y en lectura única a su proposición de ley, lo que ha hecho posible que en apenas dos debates (la toma en consideración y la aprobación) el texto se remita a la Cámara Alta con la vista puesta en su aprobación en el plazo más corto previsto.

La celeridad y el fondo de su iniciativa ha sido criticado por la práctica totalidad de la oposición, asociaciones judiciales y, ayer mismo , la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional. La «vergüenza» y la coincidencia en que «hoy es un día triste para la Justicia», que queda «ciega, muda y sorda», ha sido una constante en las intervenciones de los distintos portavoces.

Los populares han mejorado la redacción en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional para extender la persecución de los tribunales españoles sobre los grupos criminales extranjeros que tengan la intención de cometer delitos especialmente graves en España.

El PP impulsa en sus enmiendas la actuación de los jueces españoles en casos de abordaje en alta mar de buques que no lleven pabellón español, mientras que sugiere extender su competencia para juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país.

Incluye además los supuestos en que se beneficie una persona jurídica domiciliada en España, sin exigir que su responsable se encuentre en territorio nacional. El PP incorpora los criterios de extensión de la jurisdicción previstos en el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública.