Los jueces ven difícil que La Haya investigue a ETA por crímenes de lesa humanidad

Los representantes de las asociaciones judiciales consideran que la iniciativa de Covite no tiene encaje jurídico dado que España ya está investigando a ETA y todos los delitos relacionados con el terrorismo a través de la Audiencia Nacional.

Covite ha decidido solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho destacados miembros de la banda terrorista ETA por crímenes de lesa humanidad.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, cree que «hay que separar la repugnancia que puedan provocar los crímenes terroristas de ETA de la calificación jurídica concreta», que a su juicio no debe determinarse desde un punto de vista emocional sino jurídico.

Para Joaquín Bosch las actuaciones de ETA y de Batasuna no tienen encaje jurídico en los crímenes de lesa humanidad, que están pensados para supuestos diferentes, ha explicado, y ha recordado que el Código Penal español castiga el terrorismo y los delitos relacionados con el mismo.

El portavoz de la asociación judicial «Francisco de Vitoria», Marcelino Sexmero, ha comentado que «las víctimas merecen todo el respeto pero no por ello tienen siempre razón».

Ha destacado que la justicia española ha investigado hasta la saciedad a ETA y sigue haciéndolo y estima que esta iniciativa no tiene ningún encaje jurídico.

A juicio de Marcelino Sexmero en todo caso cabría acudir a un tribunal internacional para investigar crímenes de lesa humanidad en casos de países que no pueden investigar determinados delitos, pero no es el caso de España, ha recalcado, por lo que a su juicio Covite debería haber presentado la denuncia ante la Audiencia Nacional.

Considera que las asociaciones de víctimas están haciendo política con una demanda de carácter más bien simbólico, lo que a su juicio puede ser disculpable, pero ha insistido en que esta iniciativa no tiene posibilidad de prosperar.

El portavoz de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha subrayado que España tiene una jurisdicción que funciona a pleno rendimiento sometida, a estos efectos, al Código Penal español y ha estimado que es complicado que prospere la iniciativa de Covite ya que es muy extraño que la investigación de ETA y Batasuna encaje en la competencia del tribunal internacional.

Estima que hay que dejar actuar a las instituciones jurisdiccionales nacionales ordinarias, lo que a su juicio es suficiente, y ha coincidido en que la iniciativa parece más bien encaminada a lanzar un «mensaje mediático y político».

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea «Josu Ternera», Jose Luis Eciolaza «Dienteputo», Tomás Elorriaga «Teo», Juan Cruz Maiztegui «Pastor», Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

Covite explica en su escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que todos ellos propiciaron la comisión de «crímenes de lesa humanidad» que no han prescrito.

Explica que consistieron en un «ataque sistemático contra la población civil» sin que hubiera «un conflicto armado» puesto que «nunca intervinieron las fuerzas armadas» en este ataque dado que la Guardia Civil solo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar.