La Audiencia ordena la detención del expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes

En abril de 2013, Moreno rechazó estas medidas. Los denunciantes recurrieron y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal les ha dado la razón, por lo que el magistrado ha tenido que cursar a Interpol las cinco órdenes de busca y captura e ingreso en prision incondicional y sin fianza. Además de Jian Zeming, presidente de la República Popular China entre 1993 y 2003, las órdenas van contra el exprimer ministro Li Peng, el exjefe de la seguridad china Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tíbet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación Familiar Peng Pelyun.

Según la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación casa del Tíbet y su presidente, el monje Thubten Wangchen, Jiang Zemin «supervisó» a las personas que «cometieron de forma directa los abusos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana». La denuncia habla de la «destrucción física del pueblo tibetano y de sus bienes», así como «muertes y ejecuciones extrajudiciales», como las presuntamente cometidas en la represión de las manifestaciones de 1989.

La Fiscalía presentó un incidente de nulidad, rechazado por la Sala. El órgano superior entiende que hay «indicios de participación en los hechos» de los cinco altos cargos habida cuenta de la «responsabilidad militar y política» que ostentaban.

El juez Ismael Moreno no tiene constancia del paradero de los acusados, quienes, si salen de China, podrían ser detenidos, como ocurrió con el exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 con una orden del entonces juez Baltasar Garzón.

Precisamente, este martes el Pleno del Congreso debate una proposición de ley del PP para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. El PP quiere que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. Esto deja fuera casos como el del Tíbet, que provoca un enorme malestar en una potencia económica de la talla de China, o la muerte en Irak del cámara español José Couso bajo fuego de un militar estadounidense.

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