El Gobierno socialista gastó 630 millones en contratos opacos en sus dos últimos años

Fueron nueve ministerios, de un total de quince departamentos los que vulneraron la Ley de Contratos del Sector Público aunque lo hicieron por importes muy desiguales. Así solo entre los ministerios de Interior —bajo la batuta del hoy secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba— y Defensa —entonces en manos de Carme Chacón, aspirante hoy a sucederle—, se adjudicaron con «deficiencias» un total de 409 millones, casi dos tercios del total.

Precisamente, encabeza la lista de importes adjudicados con anomalías Interior. Todos los contratos fiscalizados por el Tribunal, por 235,4 millones, se desvían de los principios que deben regir la contratación pública y la mayoría de los expedientes encadenan, al menos, dos vulneraciones legales, según el organismo. De hecho, en más de la mitad de los expedientes, el organismo fiscalizador alerta de faltas en la «objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación», además de la aplicación de formas de valoración «contrarias al principio de economía» que debe regir la gestión de los fondos públicos.

Entre ellos, un contrato llama poderosamente la atención al acumular hasta cinco desvíos de la legalidad: redacción «excesivamente genérica» que no se corresponde «con las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público, ausencia de justificación del procedimiento y los criterios de adjudicación elegidos, incumplimiento de la obligación de remitir documentación al Tribunal, deficiencias que afectan a la objetividad en la admisión de licitantes y valoraciones contrarias al principio de economía que debe regir la contratación pública. Es el relativo a las construcción de un nuevo edificio en la academia de Aranjuez por 22,1 millones. Para rematar, en la mayoría de los expedientes, ocho de once fiscalizados, no se han justificado ni el procedimiento ni los criterios de adjudicación elegidos, avisa el Tribunal.

Solo dos de los contratos analizados fueron resueltos cuando el líder de la oposición ocupaba ya la vicepresidencia del Gobierno pero la escasa diferencia temporal —unos días en un caso y cinco semanas en otro— permiten concluir que ambos se pusieron en marcha con Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.

Respecto al ministerio de Defensa, las anomalías detectadas suman 173,6 millones. El contenido de más de la mitad de los contratos no se ajusta a lo previsto en la ley y sus pliegos presentan deficiencias que afectan «a la objetividad» en la admisión de licitadores. En otros tres expedientes, Defensa no actuó con conformidad a «los principios de objetividad, publicidad y transparencia rectores de la contratación pública»; en cuatro de ellos, directamente, no justificó el procedimiento y criterios de adjudicación; en otro trío también restringió, cree el Tribunal, la concurrencia, y en uno más aludió al procedimiento de urgencia sin que concurrieran las causas para ello. El organismo cierra este capítulo advirtiendo de que no ha podido verificar que ninguno de estos contratos llegara a ejecutarse porque este departamento que encabezaba Chacón nunca le remitió documentación que así lo acredite.

A distancia de Interior y Defensa, Justicia sacó adelante contratos por 70,2 millones sin que su máximo responsable entonces, Francisco Caamaño, pueda alegar desconocimiento de la ley. De nuevo, todos los contratos fiscalizados, ocho, vulneran la ley. Algunos de los incumplimientos se centran en redacciones excesivamente genéricas o trámites de urgencia -que reducen la concurrencia- sin estar justificados, y en la mitad de los contratos, directamente, no está documentado ni el procedimiento ni los criterios de adjudicación.

La gran vicepresidenta de aquel momento, Teresa Fernández de la Vega, también tiene tachones. Todos los contratos de Presidencia que han sido fiscalizados datan de su época como ministra y la mayoría de ellos, por 55,7 millones, no se ajustan por un motivo u otro a la normativa. Se formalizaron concursos sin que se justificaran el procedimiento y los criterios de adjudicación o se emplearon redacciones «excesivamente» genéricas no conformes «con los principios de objetividad, publicidad y transparencia rectores de la contratación pública». También se hizo uso del procedimiento de urgencia, sin justificación para ello.

El ministerio de Exteriores continúa la lista con contratos con «defectos». El importe asciende a 39,72 millones, en los últimos diez meses de Miguel Ángel Moratinos y la etapa de Trinidad Jiménez. No obstante, la mayoría del dinero adjudicado con algún incumplimiento legal se concentra en un contrato, por 37 millones, resuelto con el primero de ellos. El expediente adjudicó el servicio de telecomunicaciones, telefonía fija y red de datos por vía de de urgencia, sin que la misma estuviera justificada como tampoco lo está el procedimiento ni los criterios empleados para la elección de la oferta ganadora, alerta el Tribunal. Con Jiménez como ministra, Exteriores celebró dos concursos con pliegos que contravenían los principios de igualdad y transparencia y, al igual que Defensa, nunca envió al Tribunal la documentación que demuestra que estos contratos llegaron a ejecutarse.

Cuando Ángeles González-Sinde ocupaba el ministerio de Cultura se ejecutaron contratos por 29,4 millones con diversas vulneraciones de la ley y, según el Tribunal, este departamento solo ha justificado el procedimiento y criterio de adjudicación en uno de los ocho expedientes fiscalizados. El Tribunal remata su informe advirtiendo de contratos con anomalías en los ministerios de Educación con 12,83 millones y Ángel Gabilondo al frente; Ciencia con 9,37 millones y Cristina Garmendia como responsable; y Política Territorial con 4,3 millones en manos de Manuel Chávez.