El PP quiere reducir los tentáculos de la Justicia fuera de nuestras fronteras
El expresidente chino Jiang Zemin, cuya detención ordenó la Audiencia Nacional el pasado noviembre - efe
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El PP quiere reducir los tentáculos de la Justicia fuera de nuestras fronteras

Propone limitar la jurisdicción universal a las investigaciones que afecten a españoles o a extranjeros que residan en España

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El PP ha presentado una proposición de ley que busca establecer las condiciones en las que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, como la supuesta represión en el Tíbet que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En la proposición de ley se pide al Gobierno que los jueces solo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

A través de esta iniciativa, registrada en el Congreso el pasado 17 de enero, el Grupo Popular solicita al Ejecutivo modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la jurisdicción universal.

Sin acusación popular

La proposición de ley propone que los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.

En la causa del Tíbet que investiga Moreno, todos los querellados son ciudadanos chinos, entre ellos dos expresidentes de ese país, mientras que los querellantes son el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un lama de nacionalidad española.

Además de estos delitos, la proposición de ley del PP también fija las condiciones en el caso de delitos de desapariciones forzosas y torturas, como que el presunto responsable sea español o que la víctima fuese española en el momento de los hechos y siempre que el imputado se encuentre en nuestro país.

El Grupo Parlamentario Popular incluye en la proposición una disposición transitoria en la que solicita que las causas que en el momento de la entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación «quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos».