La Fiscalía toma la iniciativa para abortar la «guerra mediática» desatada en torno a la Infanta

Estrategia de la Fiscalía

El pasado miércoles, las reuniones y contactos al más alto nivel se sucedieron en el Ministerio Público. Desde hace tiempo, el análisis era que si Castro se empecinaba en volver a imputar a Doña Cristina lo mejor era no recurrir esa decisión. Primero, porque no se podía seguir dando la imagen falsa de que la Fiscalía se había convertido en una especie de «abogado defensor» de la Infanta. Es cierto que se corría el riesgo de que se le acusase de falta de coherencia procesal, pero se valoró que desde hace un año su posición es diáfana, con escritos muy contundentes. Y en segundo lugar, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach tenía muy presente que había sido la Audiencia de Palma la que había animado al juez a abrir la nueva línea de investigación, por lo que un eventual recurso tenía pocas posibilidades de prosperar. Había una tercera cuestión, no menos importante: si la Sección Segunda respaldaba al instructor – se sospecha que Castro dio el paso de la imputación con ciertas garantías de que no revocaría la decisión – la postura de éste quedaba muy reforzada. Una vez más, el análisis de Horrach fue plenamente compartido por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.

La defensa acepta el reto

Para que la estrategia de la Fiscalía fuese más eficaz era necesario que tampoco recurriera la defensa de la Infanta. Y ello porque, como se ha señalado, si lo hacía, y la Audiencia de Palma no atendía sus criterios, esa imputación adquiría, de alguna forma, más firmeza. El martes, cuando se conoció el auto de Castro, el penalista Jesús María Silva ya sugirió que Doña Cristina podría declarar «si eso realiza al juez». En un primer momento se tomó la frase como una ironía más o menos desafortunada, sobre todo porque el otro letrado de la hija menor de los Reyes, Miquel Roca, anunció la presentación de un recurso. Pero el estudio del auto de imputación, mucho mejor estructurado que el primero de Castro , y el análisis del conjunto de la situación, acabó por cambiar el criterio de la defensa. Los letrados están convencidos de que la declaración de la Infanta será relativamente sencilla, aunque tendrá que admitir alguna irregularidad como la contratación de personal de servicio a través de Aizoon, a los que además se pagaba en negro. Algo sin duda éticamente reprochable, pero que es una simple falta administrativa . Asimismo, saben que el delito fiscal no va a prosperar con el criterio en contra de la Agencia Tributaria –además, la técnica utilizada por Castro para esa imputación es muy pobre, según los expertos–, y en cuanto al blanqueo es muy complicado construir una acusación solvente. Había otra razones, no jurídicas sino de Estado, para no recurrir: la Casa Real necesita cerrar ya este triste capítulo y la opinión pública cree que si la justicia es igual para todos, como sostuvo el Rey en un discurso de Navidad, la Duquesa de Palma debe explicarse ante el juez.

El futuro

Si no ocurre nada extraño, la declaración de la Infanta dará paso, en poco tiempo, a que Castro dicte el auto de conclusión del procedimiento abreviado . Es posible que entonces levante la imputación de delito fiscal –sabe que en ningún caso llegará a juicio al no acusar ni el fiscal ni la acusación particular, que ejerce la Abogacía del Estado–, y quizá mantenga el de blanqueo. Entonces sí recurrirán ante la Audiencia de Palma, que tendrá la última palabra, ya que en este caso solo con la acusación popular se puede llegar a juicio.