Mas se plantea excluir de la consulta a los catalanes residentes en el resto de España

El Ejecutivo de Mas no puede contar con el censo electoral, que es potestad del Estado, para dicha consulta. Descartada la posibilidad de hacer el censo con los titulares de tarjetas sanitarias, CiU, ERC e ICV han llegado a un principio de acuerdo para dar con otra fórmula: recurrir al registro del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), el «INE catalán» (que a su vez tiene acceso al padrón). Así, también se sortea el previsible rechazo de algunos ayuntamientos contrarios a la causa separatista a proporcionar su padrón.

El PSC, contra el simposio

El problema es cómo lograr que voten los catalanes residentes en el extranjero y los residentes en el resto del Estado. Para los primeros, se prevé la creación de un registro voluntario en el que se inscriban los catalanes que viven en el extranjero. Pero para los segundos, aún no se hallado una fórmula, admiten los partidos proconsulta, que además pretenden que voten los mayores de 16 años, pese a ser también ilegal.

Si se miran las cifras, quizás se entienda el poco interés en buscar una solución para un electorado que se antoja poco afín a secundar la causa secesionista. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre pasado había 165.712 catalanes mayores de 16 años registrados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), susceptibles de ser votantes. En cambio, a enero de 2013 los nacidos en Cataluña residentes en el resto de comunidades autónomas eran 366.810, aunque en este caso no se puede saber cuántos de ellos eran mayores de 16 años. Si prospera el acuerdo, Guardiola podría votar, pero no un catalán empadronado, por ejemplo, en Madrid.

Al margen de los preparativos para la hipotética consulta, el Parlamento catalán votó ayer una moción en contra del simposio «España contra Cataluña» , un texto de repulsa presentado por el PPC y que contó con el apoyo de Ciutadans y del PSC. El partido de Pere Navarro consideró, parafraseando el título, que «el seminario estaba hecho contra España y al servicio del proyecto político independentista». Pese a ello, el PSC no apoyó la parte de la moción en la que se reclamaba la dimisión de su director, Jaume Sobrequés . Para el PSC, «muchos catalanistas no estamos dispuestos a que haya visiones únicas de Cataluña, pero tampoco de España».

Por otra parte, y en un clima de cada vez mayor crispación en Cataluña, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, cifró «entre 10 y 15 millones» el coste para las arcas de la Generalitat de la decisión del PP de retrasar la aprobación de los presupuestos para el próximo año, dado que incluyen una partida para la organización de una consulta de 5,75 millones.

Al respecto, y sobre la hipotética celebración de una consulta, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, recordó a Mas las consecuencias legales de todo ello y los mecanismos previstos para evitarlo, empezando por la inhabilitación del presidente o la suspensión de la autonomía: «Gran Bretaña ha suspendido una autonomía, la del Ulster. La suspendió de manera pacífica. Aquí se habla de suspensión de autonomía y parece que sea el gran bache antidemocrático».