Razones para no imputar a la Infanta

«Inexistencia de indicios»

Para el fiscal, los dos últimos informes presentados, uno de la Policía y otro de la Agencia Tributaria, confirman que no existen indicios de delito contra la Infanta.

Dos diligencias «innecesarias»

Los dos últimos informes no tienen sentido porque ya se conocía el carácter personal de los gastos de Aizoon y en junio la Agencia Tributaria ya había levantado el «velo societario» tras dos años de investigación policial y judicial.

Cambios «ad hoc» de criterio

No se puede por una parte levantar el velo del Instituto Noos y luego negarlo para analizar por separado la contabilidad de una de las sociedades (Aizoon) que se ocultaban bajo el mismo.

Se «desdibuja» la investigación

Esas investigaciones irrelevantes, que han tenido una gran repercusión mediática, no han hecho sino desdibujar tanto los hechos delictivos como sus presuntos responsables.

¿Por qué no con Ana María Tejeiro?

Resulta sorprendente que la misma investigación que el juez ha hecho con Aizoon y la Infanta no se haya extendido a Ana María Tejeiro y a las sociedades de Nóos -Shiriaimasu, Virtual Strategy e Intuit Strategies- en las que participa.

Se acusa por hechos, no por «situación»

En un Estado de Derecho, ante circunstancias idénticas la respuesta judicial debe ser la misma. El objeto de la investigación son las personas por su presunta participación en los hechos y no por su posición.

Acusaciones «falsas, graves y gratuitas»

Acusar a los inspectores de la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial de manipular los datos para beneficiar a la Infanta es grave, gratuito y falso.

Amparo a los inspectores

Resulta obligado amparar en las funciones de auxilio judicial a los profesionales que la desarrollan, porque lo contrario provocaría indefensión y tolerar conductas que interfieren y pervierten el proceso penal.

Diligencias previas al jefe de Gestha

El fiscal pide la apertura de diligencias previas al responsable de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, para determinar responsabilidades penales por sus falsas acusaciones.