El fiscal suma 18 millones a los 3.000 ya impuestos en fianzas civiles de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer fianzas civiles de 8 y 10 millones de euros para Jacinto Cañete y Juan Francisco Sánchez García, dos exdirectivos de la agencia andaluza IDEA acusados de permitir el reparto de ayudas «absolutamente discrecionales» en el caso de los ERE.

Ambos exdirectivos, que se encuentran entre los veinte altos cargos de la Junta imputados junto a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya , aunque han presentado escritos defendiendo su actuación en el reparto de fondos.

En el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, la juez instructora ha introducido la novedad de considerar que el reparto de «millones de euros de manera absolutamente discrecional» benefició a empresas no solo próximas al poder político, sino también al sindical.

El sistema se inició en 2000 y perduró una década, dice Alaya, y benefició a empresas sin actividad que obtuvieron «múltiples subvenciones» mediante «un uso completamente arbitrario de los fondos públicos» , e incumpliendo «los más elementales principios de actuación de la Administración como imparcialidad, transparencia, no discriminación, publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad».

Sánchez García, que fue secretario general técnico de las Consejerías de Empleo e Innovación y de la agencia IDEA, ha sido acusado de «dar continuidad al sistema que había permitido la adjudicación irregular de subvenciones que de manera injustificada reemplazaba la normativa aplicable». Jacinto Cañete, ex director general de IDEA, ha sido acusado también de dar continuidad a las ayudas ilegales pese a los informes de la Intervención, que además el acusado «por su formación jurídica no precisaba».

La juez les ha imputado presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ellos fianzas civiles de 8 y 10 millones de euros atendiendo a la cuantía de la defraudación fijada por el último informe de la Intervención General del Estado.

Varios abogados defensores han elevado su protesta por la cuantía de las fianzas, que « pueden suponer la ruina personal e irreparable de una persona » y porque dicho informe de la Intervención fue entregado anteayer y no han tenido tiempo de «contrariarlo o impugnarlo».

Cañete ha presentado a Alaya un escrito en el que dice que las partidas investigadas eran aprobadas por el Parlamento y suponían apenas el 8 por ciento del presupuesto que manejaba, además de que nadie le advirtió que los pagos de la partida 31L investigada «pudieran ser contrarios a derecho, ilegales y menos aún delictivos». Por su parte, el abogado de Sánchez García, Francisco Baena Bocanegra, ha entregado un escrito en el que asegura que pensar que todos los altos cargos imputados por los ERE conociesen el mal uso de esa partida presupuestaria implica «una colosal trama confabulatoria para cometer delitos», lo que «difícilmente se puede siquiera insinuar a la vista de lo actuado».