Francia condena a 18 y 16 años de cárcel a Sirvent y Ozaeta como jefes de ETA

El Tribunal de lo Criminal de París consideró a los tres culpables de tentativa de extorsión de empresarios para el cobro del llamado «impuesto revolucionario» , pero no del cargo de extorsión por el que también habían sido imputados.

Los jueces les impusieron, además, su expulsión definitiva de Francia al término de sus condenas.

La condena coincide con la demanda de la Fiscalía, tanto para Sirvent como para Sánchez Mendaza, pero es algo inferior para Ozaeta, para quien se habían solicitado 16 años de prisión. Pero la sentencia actual no es la única que le espera a ella en Francia, ya que en mayo y junio del año próximo volverá a sentarse en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París, y en esa ocasión inculpada como dirigente de una organización terrorista.

Se le juzgará entonces por su actividad en la última fase de clandestinidad -que no ha sido objeto de este proceso iniciado el pasado 25 de noviembre- y hasta su arresto en mayo de 2008 junto al jefe político de ETA, el ahora fallecido Francisco Javier López Peña, «Thierry».

El fiscal, Jean-François Ricard, había justificado su demanda por el «extremismo absoluto» que Sirvent Auzmendi (34 años) y Ozaeta Mendicute (39) mostraron como miembros de ETA en activo, pero también porque durante el actual juicio no dieron muestras de "la menor evolución".

Esa actitud -hizo notar Ricard- «es la expresión de una peligrosidad actual (...) que no se ha debilitado desde su arresto».

El representante del Ministerio Público había insistido, además, en que estos dos no tenían «ningún derecho para beneficiarse de las recientes evoluciones» en la estrategia de ETA, en alusión al anuncio del alto el fuego definitivo en 2011, en primer lugar porque a ellos se les reprochaban hechos referidos a una fase de gran violencia ejercida por la banda, de 2003 a 2009.

El fiscal, en línea con la policía antiterrorista francesa, había manifestado un cierto escepticismo acerca de las intenciones reales de ese cese el fuego decretado por la organización terrorista, ya que ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha dejado de cometer actos delictivos en territorio francés, algunos de los cuales pueden dar a entender un reforzamiento de su arsenal.

Sobre todo, porque ese anuncio de abandono de la lucha armada fue consecuencia de su «debilitamiento» por la presión policial, aprovechada a su vez por el movimiento independentista vasco para ganar el espacio político que había ocupado ETA.

La Fiscalía había insistido en recordar que Sirvent y Ozaeta fueron «los motores de la extorsión generalizada» y estuvieron «a favor de la acción ofensiva a ultranza».

Por el contrario, diferenció el caso de Sánchez Mendaza (43 años), que tuvo un periodo de clandestinidad breve -del verano de 2004 a marzo de 2005- durante el que desarrolló misiones subalternas.

Este hombre había sido capturado el 30 de marzo de 2005 tras sufrir un accidente de circulación y se encontraba en libertad bajo control judicial por razones médicas desde diciembre de 2008.

En los últimos tiempos ha estado residiendo en el País Vasco francés, algo que en principio no podrá seguir haciendo si el Ejecutivo pone en aplicación la decisión judicial de expulsarlo, que se acompaña a los citados cinco años de prisión, dos exentos de cumplimiento.

Por lo que respecta a Sirvent, según Ricard, al ser detenido en París en abril de 2009 no sólo estaba al frente de «Gezi», el dispositivo de extorsión, sino que había asumido igualmente la gestión de las finanzas de la organización terrorista, además de continuar siendo «el centro de la falsificación» de documentos.

De acuerdo con ese análisis, en ese momento este etarra «presentaba todas las características del jefe de los servicios», una estructura en la que habría sustituido a Ozaeta cuando fue capturada en Burdeos.

Ricard había explicado que Ozaeta «ocupaba un puesto de muy alta responsabilidad» en la banda, en particular como jefa de «Gezi», al que había accedido a partir de la reestructuración diseñada en 2004 por los entonces máximos responsables etarras, María Soledad Iparraguirre , «Anboto» o «Baltza», y su pareja, Mikel Albisu, « Mikel Antza ». Pero además, su ascenso en la jerarquía se vio acelerado precisamente por la detención de «Anboto» y «Mikel Antza» en su refugio de Salies de Béarn (suroeste de Francia) en octubre de ese año.