El TS modifica de hecho la ley del indulto con su sentencia del «kamikaze»
La familia de la víctima (su hermana, Loreto Dolz, en el centro) recogieron 45.000 firmas contra el indulto - mikel ponce

El TS modifica de hecho la ley del indulto con su sentencia del «kamikaze»

Obliga al Gobierno a motivar la medida, lo que va en contra de la reforma de 1988 que realizó el Gobierno de Felipe González

n.v.
Actualizado:

La sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado jueves por la que se anula el indulto a Ramón Jorge Ríos Salgado, conocido como el conductor «kamikaze», supone de hecho la reforma de la ley que regula esa medida de gracia, cuya última modificación data de 1988, con Felipe González de presidente del Gobierno. Hasta ahora, el Ejecutivo no tenía que motivar esas decisiones, pero el fallo del Alto Tribunal corrige esta situación al obligarle a hacerlo, por primera vez en este caso, en un periodo de tres meses.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC recuerdan que las sentencias del Supremo crean jurisprudencia, de modo que a partir de ahora el Gobierno deberá justificar la concesión de los indultos. En realidad, la Sala Tercera del Alto Tribunal pone al Ejecutivo en una tesitura, ya que le obliga a explicar una decisión que por ley no estaba obligado a hacerlo.

En la decisión del TS, según ha podido saber este periódico, tuvo mucho que ver la intervención del magistrado Ramón Fernández Valverde, quien logró convencer a sus compañeros de que el Ejecutivo «tiene que explicar las razones de justicia, equidad o utilidad pública» del indulto concedido. Hay que recordar que en este caso el beneficiado es una persona condenada a 13 años de cárcel por circular en sentido contrario por la AP-7, en Valencia, y causar la muerte de José Alfredo Dolz en un accidente de tráfico, y que solo llevaba diez meses en prisión cuando se benefició de la medida de gracia. Algo sin precedentes.

Hasta ahora, para conceder indultos el Gobierno solo debía contar con informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, pero no son vinculantes. Lo que hace el Supremo es seguir la estela de su propia sentencia acerca de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que antes podían ser discrecionales y ahora deben estar motivados. Se trata, por tanto, de eliminar la arbitrariedad en la concesión de medidas de gracia.

La papeleta es complicada para el Gobierno, ya que si quiere mantener su postura inicial debe justificar una decisión que causó gran alarma social. La alternativa es que concediera un indulto parcial. No obstante, el abogado del «kamikaze» va a recurrir al Constitucional por haberse vulnerado el principio de legalidad. Si lo admite a trámite se suspenderían esos tres meses de plazo hasta que el TC adoptara una decisión. Si da la razón a la defensa, se volvería a la situación anterior en la concesión de indultos.