El PSOE compró a bajo precio inmuebles vinculados al escándalo de la PSV

UGT no fue la única central sindical beneficiada, pero salió especialmente bien parada. CC.OO. puso el grito en el cielo por entender que el Gobierno del PSOE había dado un trato privilegiado a su sindicato «hermano».

El ex-dirigente de CC.OO. y por entonces diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, rompió la disciplina de voto y no dio el «sí» cuando tocó votar la cuestión en el Congreso de los Diputados. Y el PP llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que el patrimonio adjudicado por el Gobierno de Zapatero a UGT no se ajustaba a la legalidad y que, en realidad, era un amaño para descargar al sindicato de la tremenda deuda que mantenía con el Estado por el crédito que se le había concedido a principios de los años 90 para responder por el escándalo de la PSV.

La cooperativa de viviendas se puso en marcha en 1988. En 1993 se declaró en suspensión de pagos, con 20.000 personas afectadas que habían pagado por unos pisos que no tenían. El dinero se había esfumado. En 1994 se fue digiriendo el entuerto con un multimillonario crédito concedido por el Gobierno de Felipe González a través del ICO. UGT nunca lo devolvió y en 2006 la deuda había llegado a sumar, entre capital e intereses, unos 150 millones de euros. Y prácticamente lo mismo fue lo que el Gobierno de Zapatero, aquel año, le adjudicó al sindicato como «patrimonio histórico».

Previamente, Gobierno y UGT ya habían pactado que esos bienes y derechos que el sindicato iba a recibir del Estado se los devolvería para saldar la deuda del ICO. Así se cuadraron las cuentas del escándalo de la cooperativa de viviendas UGT, a costa de las arcas públicas.

El 24 de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros sustanció la entrega de bienes y derechos a UGT por un valor total de unos 155 millones de euros. Y en cuanto los recibió del Estado se los traspasó al ICO. Poco después, el Instituto de Crédito Oficial y el PSOE negociaron privadamente la compra-venta de diez de esos inmuebles.

En el año 2010 se acabaron formalizando todas estas compra-ventas en favor del PSOE, que el ICO realizó por la vía «excepcional» de la adjudicación directa, sin concurso público. Como ayer avanzó ABC, tampoco existieron tasaciones válidas: se tomaron como referencia las últimas que se habían hecho de esos inmuebles —que en todos los casos estaban caducadas—, y sobre esas valoraciones se aplicó un descuento del 20 por ciento en favor del PSOE.

Estas operaciones inmobiliarias chocan con la Ley de Financiación de Partidos. Para evitar que se produzcan operaciones encubiertas de financiación ilegal, la ley vela especialmente por que a la hora de comprar inmuebles las formaciones políticas lo hagan a valor de mercado. Y para que eso se pueda verificar es necesario que haya tasaciones independientes y en vigor en el momento de realizar las compra-ventas. Como adelantó ABC, no existía tal tasación en vigor en ninguno de los diez inmuebles que el ICO vendió al PSOE y, además, el precio fue un 20 por ciento inferior a las últimas valoraciones que se habían hecho.