Treinta años de corrupción en Cataluña
Oriol Pujol, implicado en un supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de ITV - efe

Treinta años de corrupción en Cataluña

El nacionalismo ha unido a empresarios y políticos implicados en escándalos judiciales

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«Con tanto diputado inculpado por corrupción, podría formarse un grupo parlamentario». Esta es la broma que corría hace unos meses por el hemiciclo catalán tras conocerse la imputación de tres cargos de CiU y uno del PSC, formaciones que, durante años, se habían tapado las vergüenzas a nivel político, llenando así de significado la conocida expresión «el oasis catalán».

Otra cosa es la vía judicial, que a pesar de su lentitud, ha comenzado a obtener los frutos de un trabajo que se remonta a 30 años atrás, consistente en desenredar una complicada trama de empresarios y políticos donde el nacionalismo catalán ejerce de catalizador.

La supuesta financiación irregular de CDC mediante el expolio del Palau de la Música es uno de los máximos exponentes de ese contubernio patriótico que ahora la Fiscalía considera probado. La acusación pública tiene visos de llegar a juicio, algo que no ocurrió con aquel primer escándalo político que afectó directamente al entonces presidente catalán Jordi Pujol: el caso Banca Catalana.

El dirigente nacionalista fue procesado por descapitalizar esta entidad bancaria, pero nunca se sentó en el banquillo. Tres décadas después, el fiscal que llevó la investigación, Carlos Jiménez Villarejo, pasaba cuentas con el ex «president» en un artículo periodístico en el que recordaba el persistente argumento utilizado por Pujol, según el cual, esa investigación fue un ataque de España contra Cataluña (Villarejo recordaba que fue precisamente el Estado el que, con sus ayudas, permitió reflotar Banca Catalana).

El paso del tiempo no ha modificado esa estrategia y hoy es el presidente Artur Mas quien insinúa que determinadas investigaciones judiciales, por ejemplo las referidas a las cuentas de la familia Pujol en el extranjero, responden a una conspiración de las instituciones del Estado.

Un exconsejero de Economía, implicado en fraude de unos 6.000 millones de pesetasObviamente, lo sugiere solo cuando éstas afectan a CiU. Y desde que los nacionalistas comenzaron a gobernar Cataluña -con el paréntesis de siete años de tripartito (PSC, ERC e ICV)- han sido numerosos los casos de supuesta financiación irregular de CiU o de enriquecimiento ilícito protagonizado por personas vinculadas a los nacionalistas.

A finales de 1989, el ex director financiero de Casinos de Catalunya denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a CDC, de los cuales 600 habían acabado en el partido. Ocho años después, el juez archivó la denuncia. En la década de los noventa, el ex consejero de Economía de la Generalitat Jordi Planasdemunt se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas con pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión y ocho de inhabilitación por estafa.

Por esas fechas se comenzó a investigarse el desvío de fondos de la UE destinados a formación de parados a empresas vinculadas con UDC. Por este caso dimitió el consejero de Trabajo Ignasi Farreres y, 14 años después, los implicados -entre ellos dos ex dirigentes de Unió- se conformaron con condenas mínimas. Otros dos procesos judiciales de presunta financiación de UDC siguen en marcha, los casos Turismo y Trabajo.

El caso del 3%

Posteriormente, Pasqual Maragall desataría una tormenta política al acusar en sede parlamentaria a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obras de la empresa pública Adigsa en el último Gobierno de Pujol. La Fiscalía presentó querella en 2005, con Ferran Falcó, ex presidente de Adigsa, como principal imputado, aunque acaba de ser exculpado. Más recientemente otros dos ex dirigentes de CDC, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta -mano derecha de Jordi Pujol- fueron detenidos por un caso de corrupción urbanística que afectó también a ayuntamientos socialistas, especialmente Santa Coloma de Gramenet. Alavedra ya fue investigado por simultanear cargos públicos y privados años atrás, al igual que otros consejeros nacionalistas que, según la Fiscalía, se habrían beneficiado de ayudas públicas para la reconversión industrial.

La implicación de Oriol Pujol en un supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de ITV cierra el ciclo de esos «aromas de corrupción», como dijo en su día la Fiscalía, que comenzó a protagonizar su padre. Pero la financiación irregular de CDC mediante el Palau de la Música salpica a Artur Mas, pues era secretario general del partido cuando se cometió el desvío de fondos. l