Las lagunas del fallo del «caso Faisán»

En condiciones normales, si un policía da información a un terrorista para favorecerlo, hay delito de colaboración con banda armada. En el Faisán, ¿por qué no? Según el tribunal que preside Alfonso Guevara, porque los policías, en el fondo, no querían ayudar a ETA, sino al diálogo con los terroristas que había aprobado el Congreso. Es decir, habría un bien mayor, una buena intención identificada como «no entorpecer el proceso».

La sentencia deja muy claro que en un lado están los terroristas que «atacan el orden constitucional» y en el otro quienes protegen este «bien jurídico». Los tres jueces de la Sección Tercera maniobran para sostener que, como querían favorecer el proceso de paz, «no podemos considerar que (el chivatazo) lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido».

Pese a que los policías, según la sentencia, luchaban contra ETA con un chivatazo encaminado al final de esa misma ETA, la Sala reconoce que «causaron un grave daño a la causa pública» porque evitaron «una operación de otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía, revelando unos datos que conocían por razón de su cargo». Un argumento incompatible con el anterior.

Entre las 57 páginas del texto de la sentencia, el ponente reconoce que la jurisprudencia determina que no es necesaria una afinidad ideológica con los terroristas para una condena por colaboración con banda armada. Es decir, si alguien ayuda a ETA, aunque no comparta sus fines ni su ideología terrorista, se le debe condenar por colaboración. Pero, a continuación, el tribunal dice que en este caso «no es aplicable» la jurisprudencia porque no hay «dolo intencional» al no querer los acusados «favorecer la actividad de la banda terrorista».

A lo largo de la investigación y del juicio ha habido unanimidad absoluta en un hecho: un héroe de la lucha antiterrorista como Pamiés, jefe superior de Policía en el País Vasco, no decide motu proprio avisar a la red de extorsión de ETA para que eludan su inminente detención y así «no fastidiar el proceso». Alguien con responsabilidades políticas tuvo que trasladar esa orden. Esta tesis fue uno de los pilares de la argumentación del fiscal Carlos Bautista, quien reflejó en sus conclusiones que faltan «los de arriba» e incluso invitó a los procesados a hablar «como Amedo», en referencia al subcomisario condenado por los GAL y que acabó «tirando de la manta» para encarcelar al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. Ni la investigación ni, por supuesto, la sentencia del Faisán, identifican a «los de arriba».

El día del chivatazo, 4 de mayo de 2006, el ministro del Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba. El hoy líder de la oposición negó en el Congreso, y en todo lugar en el que le preguntaron, que la Policía diera un soplo a ETA y, obviamente, que él o que cualquier otro dirigente político o policial dieran esa orden. La Audiencia acaba de demostrar que hubo chivatazo y quiénes fueron los autores materiales. Es decir, según el tribunal, Rubalcaba mintió durante años. Tras conocerse el fallo, el secretario general del PSOE se limitó a mostrar su «respeto» por la sentencia y remitirse al Tribunal Supremo, quien tendrá «la última palabra», dijo.

En el caso Faisán se han personado tres acusaciones populares: Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular. Sólo una no ha hecho valoraciones ni va a recurrir el fallo, la del PP. La actual estrategia del partido no tiene nada que ver con la mantenida cuando eran oposición.

El Faisán fue uno de los pilares de la batalla política contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, contra Alfredo Pérez Rubalcaba. Con el cambio de Gobierno, el Faisán pasó de ser un gran escándalo a un problema. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, no quiso valorar el fallo y dijo que Enrique Pamiés y José María Ballesteros seguirán en sus puestos hasta que la sentencia «se nos notifique y tenga firmeza».