Alaya acusa a los sindicatos de cobrar doble de los ERE por gastos no reales
La juez imputa a CC.OO. y UGT haber percibido más de 7.600.000 euros procedentes de las sobrecomisiones
efe
La juez instructora de los ERE , Mercedes Alaya , ha acusado a los últimos sindicalistas imputados por haber cobrado comisiones por intervenir en los ERE por partida doble y sin que respondiesen a «gastos necesarios soportados realmente», pues se limitaban a cumplir «el ... propio cometido sindical».
En su interrogatorio a los tres sindicalistas que esta madrugada quedaron libres con cargos , Alaya afirmó que en casos como el de CC.OO. en la empresa Delphi cobraron comisiones por partida doble en Madrid y Andalucía, en ocasiones de hasta el 200 por ciento del importe.
La juez pidió a Salvador Mera , secretario general de UGT en Cádiz, que dijera «algo que se realizara que fuera extraordinario o ajeno al trabajo normal de los sindicatos», a lo que el sindicalista respondió que, en el caso de la Faja Pirítica de Huelva, era un colectivo con «cierta dispersión geográfica aunque todo se movía en la provincia».
La juez imputa a CC.OO. y UGT haber percibido en los expedientes analizados un total de 7.648.815 euros procedentes de las sobrecomisiones de los ERE , que en sus autos ha identificado como una posible «financiación ilegal».
«Nunca han pisado la mina»
En su interrogatorio, Alaya le preguntó «cómo es posible que haya personas que nunca hayan pisado la mina» entre los beneficiarios de las ayudas de la Junta, pese a que «se supone que el listado lo elabora el sindicato a través del facultativo de minas que determina el trabajo que realiza cada minero».
Mera reconoció que «no encuentra explicación» a la existencia de los «intrusos» , entre los cuales la acusación particular del PP le preguntó qué hacía entre los beneficiarios «un señor de UGT de la Sierra Norte de Sevilla que nunca había pisado la mina».
Por otra parte, Mera informó a la juez de que la asociación de trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva estaba compuesta por los líderes provinciales de los sindicatos mayoritarios, además de los que entonces eran sus dirigentes regionales, Manuel Pastrana por UGT y Julio Ruiz o Francisco Carbonero por CC.OO..
Por su parte, Roberto Carmona , ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.-A, reconoció que los sindicatos pidieron al dueño de la mediadora Uniter una contribución -en el caso de CC.OO. en la Faja Pirítica de 344.840 euros entre 2006 y 2011- pero «no fue una reclamación sino una solicitud». Si el empresario de Uniter, José González Mata , no hubiera aceptado «se habría seguido trabajando con normalidad».
«Subvenciones excepcionales»
La juez preguntó al imputado por qué los sindicatos «cobraban por los trabajos sindicales que realizaban» y Carmona explicó que en la Faja Pirítica se trataba de trabajos «arduos y complejos como solicitar la revisión de los coeficientes reductores a la Administración central».
En cuanto a Manuel Enrique Rodríguez Contreras , exgerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, Alaya le imputó haber «prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales influido por intereses particulares y por algún miembro destacado del Gobierno de Andalucía».
En concreto, le acusó de haber mediado en la concesión de ayudas que totalizaron 2.160.759 euros a sociedades de la localidad donde vive, Las Navas de la Concepción (Sevilla). EFE
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