Un lobista en el despacho de un político
Los cargos públicos españoles defienden que los grupos de presión contribuyen al desarrollo político, aunque reclaman mayor transparencia
Que los lobbies provocan desconfianza lo reconocen los propios lobistas. Quieren influir, y lo hacen, en la elaboración de leyes en defensa de un interés propio. Y por ello se les acusa de amparar a quienes están mejor colocados. Son opacos, se mueven entre despachos, alejados de los focos. Pero los políticos los perciben como un agente básico para la toma de decisiones. El expresidente estadounidense John F. Kennedy así lo creía: «Los lobistas me hacen entender un problema en diez minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días».
Porque un lobby es una empresa multinacional, pero también lo es una ONG, un sindicato, una asociación profesional o una organización profesional. Como señala Juan Francés en el libro «¡Que vienen los lobbies!», estos grupos de presión tienen como objetivo la defensa de unos intereses particulares ante los distintos poderes establecidos. Otra cosa es que los políticos accedan a sus exigencias.
«El lobby defiende su interés, no el interés general. El que debe defender el interés general es el legislador: ponderar todas los intereses que están en juego y buscar aquella decisión que sea mejor para el conjunto. ¿Es positivo que se pueda realizar una actividad de lobby? ¿Debe atender el legislador todas las inquietudes? Escuchar sí, atender no», defiende Jordi Jané, diputado de CiU en el Congreso de los Diputados.
Jané, vicepresidente cuarto de la Cámara Baja, realizó estas declaraciones en la presentación del informe «El lobby en el nuevo marco regulatorio», en el que han participado más de seiscientos políticos de veinte países de la Unión Europea. La mayoría coincide en que el cabildeo es una práctica necesaria para las democracias. Así, el 86% dice estar de acuerdo con que un lobby ético y transparente contribuye al desarrollo político.
Pero los políticos tienen diferencias dependiendo de dónde desarrollen su actividad.
En España, solo el 5% de los encuestados cree que los lobbies dan un peso inadecuado a las élites y los más pudientes. La media europea es del 24%. Si les preguntan por la falta de transparencia, casi la mitad de los políticos españoles cree que debería mejorarse mientras que en Europa lo piensa un 26%.
Será por la efectiva complicidad entre políticos y lobistas. Juan Francés escribe en su libro: «Una cantidad asombrosamente grande de los artículos incluidos en los textos legales que aprueba el Congreso de los Diputados no están escritos por sus señorías, ni por los letrados de los grupos parlamentarios, ni tampoco por los responsables técnicos de los ministerios implicados en la elaboración de la ley, sino que proceden de bufetes de abogados al servicio de empresas o grupos de interés, o directamente los han redactado los servicios jurídicos de las propias compañías –de común acuerdo con diputados concretos– que se aprovechan de la necesidad de apoyos puntuales de los distintos Gobiernos para sacar adelante una ley».
O será la falta de regulación. Según la encuesta realizada por Burson-Marsteller, el 93% de los políticos españoles opina que el lobby no está suficientemente regulado. La realidad es que en España no existe legislación alguna sobre estos grupos de presión. La futura ley de transparencia tampoco aborda esta cuestión. Sólo tendrán la exigencia de «abrirse» las empresas del sector privado que reciban al año más de 100.000 euros del presupuesto público. El PP no vio oportuno regular la actividad de los lobbies, aunque se comprometió a hacerlo en el futuro reglamento del Congreso de los Diputados.
«Considero esta opción claramente insuficiente –estimó Jané–. Donde se toman las decisiones es, de manera muy preponderante, en el poder ejecutivo. Limitarse al Congreso es una solución parcial y sesgada».
A juicio de Yolanda Vega, responsable de relaciones públicas en Burson-Marsteller España, la creación de un registro que establezca unas normas comunes ayudaría a la transparencia.
Quizá eso ayude a explicar por qué altos cargos en los ministerios pasan a las juntas directivas de las grandes empresas cuando dejan la cosa pública, como ha ocurrido con varios exresponsables de la secretaría general de Energía a lo largo de las últimas décadas. Más sonados son los casos de algunos exministros.
«¿Qué se quiere regular?»
«¿Y si un determinado sector se ve afectado por una catástrofe natural?», se preguntó Teófilo de Luis.
«¿Tienen que constituirse como lobby para acercarse al cargo público?», planteó el diputado nacional por el PP.
El también secretario cuarto de la Mesa del Congreso no se opone a la creación de un registro; se niega a que sea una condición «sine qua non». «Puedo recibir a cualquier persona que no esté inscrita en un registro –explicó–. No tengo ningún problema en mostrar los contactos que tengo y he tenido con personas que representan sectores».
Un 34% de los legisladores españoles ve útil la creación de un registro obligatorio, veinte puntos por debajo de la media europea y casi cuarenta que los decisores en las instituciones comunitarias, donde existe una mayor regulación. Aunque las normas no evitan escándalos: el año pasado el excomisario europeo de Sanidad y Consumo John Dalli presentó su dimisión al verse implicado en un caso de tráfico de influencias en el negocio del tabaco. Un empresario habría tratado de obtener ventajas para su negocio en la elaboración de una directiva.
El 56% de los políticos españoles afirma que habla con los lobistas porque es su obligación. Y es que están condenados a entenderse. Porque siendo los lobbies en parte una «anomalía del sistema democrático», explica Francés, sin ellos la tarea de Gobierno sería más complicada: «Con su actividad, como representantes de los intereses de la sociedad civil ante el poder establecido, sirven a éste al expresar los puntos de vista de las distintas partes implicadas en cualquier legislación, y sólo por eso ejercen un papel de “auditor externo” de la labor del poder, que ayuda a corregir muchos errores».
El informe «El lobby en el nuevo marco regulatorio» destaca que en los últimos años se ha detectado un aumento del cabildeo, paralelo a una mayor profesionalización. El sector energético es el grupo más efectivo, según el 69% de los políticos españoles. Después, el de la salud y la banca (61%), telecomunicaciones y Defensa (54%), el comercio, el transporte y el químico (47%). Completan la lista los sectores dedicados a la agricultura y la minería (44%), deportes (29%), bienes de consumo (22%) y venta al por menor (15%). En un registro de carácter voluntario creado por la UE hay más de doscientas entidades españolas inscritas. En Bruselas, la capital europea del lobby, trabajan más de 5.000 organizaciones. Muy lejos, eso sí, de Estados Unidos, donde esta industria invierte más de 3.500 millones de dólares al año.
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