Mafia policial y proxenetas, en el banquillo

«Abusaron de su condición y capacidad de mando. Facilitaban a cambio de remuneración periódica o puntual, en dinero o en especie, detallada información a los dueños y responsables de los clubes de las inspecciones que iban a producirse», señala el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo en su escrito de acusación, en referencia a los seis agentes que estaban destinados en la Brigada de Extranjería de Barcelona, incluido el comisario, Luis Gómez. La imagen de un fiscal en la Sala con veintidós prestigiosos abogados sentados enfrente (hubo varios intentos de anular el procedimiento) resume la magnitud del caso.

Pero no más que las conversaciones de los pinchazos telefónicos y las declaraciones que ya se han empezado a escuchar en la Sala. «Joder, la mitad de lo que le dabas al otro sería una cosa razonable porque voy a evitar varias cosas, te voy a proteger los dos sitios». Este es un fragmento de la escucha que pudo oír la Sección IX de la Audiencia el lunes. Es una conversación entre el inspector jefe José Javier Martín, «Jordi», y Carmelo Sanz, encargado del Saratoga. «Jordi», según la Fiscalía, descubrió que sus jefes en la Brigada cobraban de los clubes y quiso sumarse al pastel, proponiendo que le pagaran 3.000 euros a cambio de no inspeccionar los prostíbulos o de avisarles cuando se iban a realizar los controles. La jugada le salió mal porque el encargado del Saratoga le denunció, se abrió una investigación y la Guardia Civil organizó un pago de dinero controlado: un sobre de 3.000 euros. El inspector jefe se dio a la fuga cuando iban a detenerlo y el sobre nunca apareció. Según el acusado, se infiltró en la trama para destaparla y negó haber extorsionado a los dueños de los burdeles con la connivencia de tres abogados que también se sientan en el banquillo.

En una sesión delirante, el acusado apuntó que el líder de la organización era su inmediato superior, el entonces inspector jefe Abundio Navas, al que llegó a señalar como el artífice de un supuesto robo en su taquilla donde se halló droga. De las 27 redadas que llevó a cabo, a once asistieron los mismos letrados: Fernando Martínez, Alex Garberí y Carlos Carretero. «Se dirigían a los propietarios de los clubes, actuando a veces como intermediarios con el policía aparentando interceder por el cliente y otras exigiendo su actuación, amedrentándolos y reclamándoles cantidades de dinero desorbitadas», recoge el fiscal.

El policía provocaba esas redadas y obligaba a los dueños de los clubes a que contrataran a los abogados. Iban a medias en el reparto del dinero, según Anticorrupción. «El letrado abandonó la sala e informó a su cliente de que el policía le había dicho que si no pagaba 120.000 euros iba a prisión». Esta es una de las actuaciones «profesionales» que aparecen. Finalmente, el dueño del club entregó 40.000 euros y quedó en libertad. La investigación está salpicada de actuaciones similares referidas a prostíbulos de toda Barcelona. «El letrado Alex Garberí le dijo que el inspector y él eran amigos y que de vez en cuando le tenía que pasar un sobrecito. Le exigió que le entregase 3.000 euros bajo la cobertura de la asistencia recibida», se recoge en relación al dueño del club Sheik.

La Fiscalía sostiene que había dos organizaciones que se beneficiaban mutuamente y se aprovechaban de la marginalidad de las mujeres, en situación irregular y sin arraigo. Una era la de los policías que supuestamente facilitaban información confidencial; la otra, la de los dueños y encargados de los prostíbulos, que la recibían y pagaban por ella.

En su declaración de esta semana, Antonio Herrero, dueño del Riviera, que según la Fiscalía cuenta con 22 sociedades mercantiles y es propietario de clubes en toda España, admitió que pagó un tratamiento psiquiátrico al hijo del comisario Luis Gómez porque son «amigos», pero negó haberle entregado sobres a cambio de chivatazos. Durante la investigación fueron fotografiados juntos y con sus respectivas parejas en varias ocasiones. Anticorrupción sostiene que una de las empresas de Herrero, al que acusa de proxenetismo, entre otros delitos, tuvo en nómina durante meses a los dos hijos adolescentes del responsable policial.

El encargado del Saratoga, Carmelo Sanz, el mismo que denunció al otro inspector, «Jordi», acusó a este de extorsión y de amenazarlos con «crujirlos a redadas», pero exculpó al resto de policías, pese a que sus encuentros y conversaciones con algunos de ellos como Andrés Otero fueron grabados por los Mossos d’Esquadra. Cuando se reprodujeron estos pinchazos en Sala (los avisos más o menos abiertos de redadas), argumentó que estaban hablando de las visitas de mandos policiales al prostíbulo para tomar copas o cenar y que el dinero al que se aludía era por negocios inmobiliarios que uno de los mandos tenía con ellos.

Frente a estas exculpaciones que dejan al descubierto el cochambeo que existía entre los burdeles de Barcelona y los policías encargados de controlarlos, la Fiscalía cuenta con una prueba, pendiente de que se ratifique en Sala: la declaración del confidente policial Manuel Carbajo, quien durante la instrucción reveló que él era el intermediario de los pagos que hacían los dueños del Saratoga al comisario y a su segundo; que esos pagos en sobres de 6.000 euros se realizaron en su concesionario y que ambos le amenazaron al saber que los iba a delatar. «Ten cuidado con lo que dices porque podemos desenterrar las armas».

Este testigo declaró que uno de los dueños del Saratoga, José Carlos Hazas, le entregó un sobre con 6.000 euros al inspector jefe Andrés Otero para costear una operación de pecho de su hija en marzo de 2003; o que él mismo compró dos relojes un Cartier y un Hublot (más de 7.000 euros entre ambos) por indicación del otro dueño para dárselos al mismo policía, quien compartió viaje de placer a Bilbao con su compañero pagado por los proxenetas. «La explotación sexual en el Riviera y el Saratoga estuvo favorecida por la información confidencial que recibían de los policías los propietarios y encargados de los clubes».

Esta es la tesis de Fiscalía Anticorrupción, que enhebra una ristra de graves delitos. Todos lo niegan, pero en los clubes ejercieron menores y «sin papeles» a las que escondían entre escobas y fregonas cuando había redada y les suministraban hormonas para aumentar su actividad sexual.