La reforma del aborto, «un paso atrás en la cultura de la muerte»

La nueva norma, que acabará con la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero -y que en la práctica suponía el aborto libre-, ha provocado el rechazo del principal partido de la oposición. « Será una escabechina para los derechos de las mujeres, que verán cómo retrocedemos a la prehistoria », afirmó Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE. Quien añadió que «serán obligadas a la clandestinidad o a salir fuera de España para poder ejercer un derecho hoy en día reconocido».

Cautela en su aprobación

Los colectivos provida han tomado con cautela las palabras de Gallardón: «Hasta ahora, todos los plazos para la reforma del aborto se han incumplido», señala Gádor Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir. Sin embargo, ha añadido que « siempre es positivo que se den pasos a favor de proteger al bebé» y que en una «sociedad moderna» hay que poner a disposición de la mujer «todos los mecanismos para que el embarazo se desarrolle».

Ignacio García, director general del Foro de la Familia, más optimista, afirma que «esta vez puede ser la verdadera». Estima que la reforma supone un retroceso «en la cultura de la muerte » y se muestra a favor de que siempre se proteja la vida del niño, incluso en casos de violación: «A ese trauma no se puede añadir el del aborto, pero se debería agilizar el sistema de adopciones por si no quiere tenerlo».

Profesionales por la ética, a través de su secretaria general, Teresa García, defienden que además de la ley -que debería tener «un protocolo» para que se cumpla-, se necesita «un plan concreto de ayuda a la maternidad».

Para el doctor y presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Luis Enrique Sánchez, por el contrario, «una ley más restrictiva no acabará con el aborto y conllevará mayores riesgos para la salud». Una posición similar a la de Francisca García, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que defiende que la nueva ley «solo se justifica por modelos ideológicos» y «criminaliza y condena a la clandestinidad a aquellas mujeres que no quieran dar a luz».