España protestará por el nuevo espigón en la costa Este de Gibraltar
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España protestará por el nuevo espigón en la costa Este de Gibraltar

Exteriores está a la espera de tener todos los datos de la Guardia Civil y de Medio Ambiente sobre la construcción de un dique denunciada por ABC

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado información a la Guardia Civil y al Ministerio de Agricultura sobre la construcción por Gibraltar de un nuevo espigón ganando terreno al mar, operación desvelada ayer en ABC. Una vez se confirmen los datos, España pedirá explicaciones a las autoridades del Reino Unido y elevará ante ellas una protesta formal, según señalaron a este periódico fuentes diplomáticas.

No es la primera vez que el Gobierno español protesta por los vertidos de Gibraltar al mar, con el fin de ganar terreno a costa de unas aguas que España considera suyas y que reivindican también británicos y gibraltareños. Los vertidos en distintas zonas del litoral del Peñón han sido frecuentes en los últimos años y España siempre ha protestado por ello, aunque en época del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las quejas no solían hacerse públicas. Pese a esas protestas, Gibraltar continuó con los vertidos y Londres siguió aplicando la política de hechos consumados que ha practicado siempre en el Peñón.

En esta ocasión, según la información de que dispone la Guardia Civil, las autoridades de Gibraltar han comenzado a construir un nuevo espigón en la zona Este del Peñón, con rellenos y piedras, que se adentra en el mar unos 50 metros de longitud, junto a un área de bungalows, y que se suma a otro dique construido hace mes y medio en la misma zona.

Ambos diques tratan de reforzar un área de especial sensibilidad para los intereses turísticos de Gibraltar, ya que, a unos 400 metros, se construye el denominado «Eastside Proyect», conocido también como «Cap Vantage» (Cabo Privilegiado), junto a Catalan Bay. Este proyecto prevé la construcción de distintas urbanizaciones, minirrascacielos, plazas, centros de ocio y hasta un pequeño lago interior, elementos con el que Gibraltar espera aumentar su oferta turística.

Los nuevos espigones tratan de evitar que se produzcan grandes marejadas en esa futura zona turística, muy abierta al mar y donde ya ha habido algunos naufragios en los últimos años.

Daño medioambiental

A Exteriores no le será difícil contar con los datos de la Guardia Civil, una de cuyas patrulleras descubrió el miércoles el desarrollo de las obras del dique, cuando realizaba labores de protección a pesqueros españoles frente al Peñón. En el parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, tras dar cuenta de lo descubierto, se indica que se trata de «otro hecho de interés judicial o administrativo».

Y en cuanto al Ministerio de Agricultura, se esperan los datos del impacto medioambiental en una zona, donde, al parecer, tiene su hábitat la «patella furruginea», un gasterópodo considerado de los más amenazados del Mediterráneo occidental, cuya presencia ha impedido obras de ampliación en puertos de localidades como Tarifa, Ceuta o Melilla.

El Ministerio ya presentó a finales de julio una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, tras lanzar Gibraltar en la parte oeste de su litoral setenta bloques de hormigón con pinchos en los caladeros en que faenan habitualmente pesqueros de La Línea de la Concepción y Algeciras, un hecho que ha sido el detonante de la última crisis entre España y el Reino Unido.

Denuncias

Ayer, el portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, declaró que el lanzamiento de los bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras «puede no ser casual», sino que esté vinculado con «posibles rellenos futuros o temas relacionados con la materia energética».

Por su parte, la asociación granadina «Club de la Constitución», integrada por profesionales y juristas, presentó ante el juzgado de guardia de La Línea una querella criminal contra el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, por presunto delito ecológico por el lanzamiento de los citados bloques «en aguas territoriales españolas». La denuncia, según Europa Press, se dirige contra Picardo y el resto de miembros actuales del Gobierno de Gibraltar a los que considera responsables de un presunto delito ecológico tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que prevé penas de dos a cinco años de prisión. Los querellantes solicitan al juzgado de guardia linense que curse órdenes a la Interpol para la detención de los querellados. Además quieren que el juzgado pida al Servicio Marítimo de la Guardia Civil un informe sobre el vertido de los bloques; al Instituto Geográfico Nacional, que señale el «punto exacto» del vertido; y al Instituto Español Oceanográfico, que «valore y calibre el impacto ambiental de los vertidos».