La transparencia afectará a entidades con más del 40 por ciento de fondos públicos

También estarán obligadas las instituciones que reciben más de 100.000 euros públicos al año por cualquier vía, lo que podría suponer que la Iglesia tenga que someterse a esos criterios

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La ponencia del Congreso que ha estudiado la Ley de Transparencia ha cerrado hoy sus trabajos, en una sesión en la que ha aprobado con el respaldo del PP el informe del proyecto que, entre otras novedades, establece que las entidades privadas con un 40 por ciento de financiación pública se someterán a la norma.

Se rebaja así de un 50 a un 40 por ciento, como proponía CiU y UPyD, el porcentaje que será requisito para aplicar los criterios de publicidad activa que establece la ley, que ahora se remite a la Comisión Constitucional, que le dará su visto bueno el próximo día 31.

El ponente del PP, Esteban González Pons, ha explicado que a partir de ahora también quedarán sometidas a la Ley de Transparencia «absolutamente todas» las entidades que reciban más de 100.000 euros al año de dinero público por cualquier vía, lo que podría suponer que la Iglesia tenga que someterse a esos criterios. Pons ha subrayado que «es una ley de transparencia completa y moderna», que entrará en vigor casi tal y como sale hoy de la ponencia.

Regimen sancionador independiente

En el ámbito del Buen Gobierno, se han corregido algunos aspectos que eran rechazados por los grupos de la oposición.

Así, se ha aceptado una enmienda de Convergencia i Unió, para que el régimen sancionador lo aplique «cada administración a sus cargos» y que las sanciones de inhabilitación no dependan del Ministerio de Hacienda, como en un principio se establecía.

«En ningún caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede llegar a aplicar el régimen sancionador a una autoridad local o autonómica», ha subrayado el diputado de CiU Jordi Jané.

Asimismo, se ha aceptado otra enmienda de los grupos nacionalistas gracias a la cual «ya nadie va a poder sustituir a un cargo electo», elegido directamente por la ciudadanía, lo que iba «contra la normativa electoral».

El diputado del PNV Emilio Olabarría se ha declarado satisfecho con los avances que, a su juicio, se han conseguido en la ponencia, hasta el punto de que sólo queda una cuestión en la que los nacionalistas vascos no han visto colmadas sus aspiraciones.

Se trata de la propuesta del PNV para que haya un reconocimiento del régimen especial de los territorios históricos del País Vasco y de que sea en el seno de la comisión mixta del concierto económico donde se determinen los límites máximos totales del conjunto de retribuciones de los cargos de gobierno de las entidades locales.

Olabarría ha considerado que es «una buena ley de transparencia», tanto desde la perspectiva de los mecanismos de control como desde los sujetos a quienes se aplica.

A la reunión de la ponencia tampoco han asistido hoy el PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, que decidieron no participar hasta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diera explicaciones al Congreso por el caso Bárcenas, lo que ocurrirá el próximo 1 de agosto.

González Pons ha mostrado su pesar porque el PSOE se haya vuelto a ausentar de la ponencia, aunque Rajoy va a comparecer en el Congreso por el caso Bárcenas, que era precisamente lo que reclamaban los socialistas.

«Hoy no es un día para hacer críticas políticas, pero es una verdadera pena y una lástima que hayamos aprobado la Ley de Transparencia sin los socialistas», ha afirmado.

PNV y CiU, que en anteriores reuniones decidieron ausentarse al considerar que la discusión de esta ley requería el debate de todos, han participado en la sesión que hoy ha cerrado el informe, y aunque se han reservado su voto a la espera de como transcurra la tramitación parlamentaria, valoran los avances conseguidos hasta el momento.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, que sí ha acudido a todas las reuniones, ha asegurado, que su grupo mantiene la idea de votar en contra del dictamen por entender que, aunque se ha mejorado el texto inicial de la ley, está aún muy lejos de las pretensiones de este partido.

Una de las mayores discrepancias radica en el planteamiento de UPyD de que tenga rango de ley orgánica y que el acceso a la información se considere un derecho fundamental, lo que no ha sido aceptado por el PP.

Martínez Gorriarán ha criticado la «gestión chapucera» del PP de este asunto y la actitud de grupos como PSOE e IU que se han ausentado de la ponencia.