De Santillana a Granada, la década «separatista» del socialismo

Ahora que ha pasado casi una década, puede sostenerse con perspectiva que marcó un punto de inflexión en la política territorial del PSOE, alejado desde entonces del espíritu que marcó la Transición, y cuyas medidas aprobadas en sus años de Gobierno han llevado una misma dirección con: remarcar las diferencias de eso que llamó desde Santillana del Mar «la España plural» (concepto que Zapatero tomó prestado de Pascual Maragall y lo acabó haciendo suyo), el trato preferencial a Cataluña con un acercamiento a las tesis nacionalistas y la búsqueda del aislamiento del PP.

De Santillana del Mar a Granada han pasado diez años, casi ocho de Gobierno socialista, y el PSOE acaba de dar el salto desde el concepto de España plural a la defensa de la España federal como única viable, una idea que, por cierto, ni siquiera se mencionaba en el primer documento. Entre medias ha habido un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que rompía el consenso constitucional, decenas de iniciativas que buscaban aislar al PP y flirteos con tesis que ponían en cuestión la existencia misma de España como nación («Es un concepto discutido y discutible», aseguró Zapatero en una inolvidable sesión del Senado en noviembre de 2004).

Desde entonces es muy difícil encontrar una iniciativa del PSOE encaminada a remarcar las señas de identidad y unidad españolas. Al contrario, sus grandes propuestas han ido encaminadas a sobrevalorar la diferencia y a coquetear con los nacionalismos. Estas son 10 medidas auspiciadas por los socialistas que llevan esa dirección:

Estuvo bendecido desde el primer momento por Zapatero («Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña»). Los nacionalistas se tomaron al pie de la letra las palabras del presidente del Gobierno y enviaron al Congreso un texto que sobrepasaba los límites constitucionales. El Estatuto se basa en una relación bilateral privilegiada entre la Generalitat y el Gobierno de España, como dos organismos análogos. Con su aprobación el PSOE logró uno de sus grandes objetivos, que era aislar al PP. El problema se enconó cuando el texto, ya refrendado por los catalanes, fue corregido por el Tribunal Constitucional, lo que originó una crisis institucional sin precedentes.

El nuevo modelo que pactó el PSOE con los nacionalistas se selló en 2009, como derivada del Estatuto de Cataluña. El objetivo número uno, que quedó plasmado en el papel, fue satisfacer las exigencias del Gobierno autonómico catalán, lo que se tradujo en un voto favorable del PSC, ERC e ICV, los socios del Ejecutivo. El entonces consejero de Economía catalán calificó el nuevo sistema de «bueno» para Cataluña, y para el conjunto del Estado, y admitió que cumplía «estrictamente» el nuevo Estatuto de Autonomía. El sistema se aprobó definitivamente en febrero de 2010, con el voto en contra del PP (más de un 40 por ciento del Congreso entonces) y el favorable de CiU (supuestamente por error).

Fue una de las iniciativas preferidas del Gobierno de Zapatero, que volcó en aquella ley toda su energía, y también toda su ideología. Partió en Parlamento en dos, retrotrajo a tiempos pretéritos con debates alejados de la España del siglo XXI, y sirvió al PSOE para marcar un terreno en el que siente una superioridad moral frente a la «derecha». La ley se aprobó en diciembre de 2007, sin el apoyo del PP y ERC. El PSOE sostuvo que con esta ley se promovía la reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, mientras que el PP denunciaba que el Gobierno socialista quisiera utilizarla como arma arrojadiza con «efectos negativos» para toda la sociedad. La crisis hizo decaer esta ley hasta quedar casi en el olvido. En 2013, el Gobierno del PP eliminó la partida presupuestaria. En 2011, último año de la legislatura de Zapatero, el presupuesto había sido de 6,2 millones de euros.

El PSOE fue proclive a crear un poder judicial propio para Cataluña, como se ve en el texto original del Estatuto. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto fue especialmente contundente en lo que se refería a ese punto. El TC cree que el Estatuto cae en un «exceso evidente» al crear un Consejo de Justicia de Cataluña como órgano de gobierno del poder judicial catalán, lo que rompía por completo la Constitución en lo que se refiere al órgano de gobierno de los jueces para toda España. El TC aclaró que el Consejo catalán solo podía tener funciones administrativas.

Una de las primeras decisiones de Zapatero cuando llegó a La Moncloa en 2004 fue derogar la Ley de Calidad o LOCE (2002), la única ley de Educación aprobada por el PP, cuya entrada en vigor fue interrumpida abruptamente. El PSOE aprobó en 2006 la Ley Orgánica de Educación. La Educación siempre ha sido motivo de disputa, pero hasta ahora todas las leyes han sido aprobadas por el PSOE, marcadas por una descentralización aguda a favor de las comunidades autónomas. De esta manera, algunos sistemas educativos autonómicos (sobre todo los nacionalistas) han utilizado esa competencia máxima dejada por el Estado para subrayar una historia y una enseñanza a su medida.

Ha sido una práctica habitual contra los populares sobre todo en Cataluña, con CiU y el PSC como protagonistas, aunque el Gobierno de Zapatero ejecutó la idea hasta sus últimas consecuencias en la política nacional. El objetivo era aislar al PP, buscar la iniciativa que dejara solos a los populares, tanto política como socialmente, para que no pudieran volver al poder en muchos años. En Cataluña su exponente máximo fue el Estatuto de Autonomía, mientras que en el Congreso se buscaron aquellas iniciativas sociales que dividieran el Parlamento en dos: matrimonio homosexual, memoria histórica, ley del aborto más adelante…

En septiembre de 2009, el Gobierno de Zapatero aprobó una de sus leyes más controvertidas, con la que trató de hacer un guiño al electorado de izquierda, en plena explosión de la crisis económica. La ley no estaba incluida en su programa electoral ni obedecía a una demanda ciudadana, y acabó provocando una convulsión social al permitir a las menores de 16 años abortar sin permiso ni conocimiento paterno. Fue otra iniciativa que partió en dos el Parlamento y desató una tormenta social.

Rubalcaba ya venía cortejando el modelo de España federal desde que CiU se echó al monte, con el PSC muy cerquita. El «salto federal» se produjo de manera formal con la Declaración de Granada, el 6 de julio, y rompe de hecho con el pacto constitucional. Su propuesta, que supone una revisión del modelo territorial de España, encontró el rechazo del resto de partidos, por exceso o por defecto.

De ser implantado, supondría que cada Comunidad recibiría del Estado en función de lo que aporta. Es un concepto que choca con el concepto de Estado federal (el Estado recibe aportaciones y redistribuye) y con el principio de solidaridad, básico en la Constitución y supuestamente también en un partido socialdemócrata. Se trata de una cesión clara del PSOE al PSC, que ha encontrado el rechazo frontal del PP

.Para modificar la Carta Magna es necesario un amplio consenso político que se corresponda con las tres quintas partes del Congreso de los Diputados. Pero eso no es óbice para que el PSOE haya propuesto una reforma de calado del texto constitucional, que responde a sus necesidades electorales y políticas en este momento, y que pondrá el acento en la diferenciación de las comunidades autónomas, sobre todo las «históricas», con un mayor protagonismo. Su iniciativa se aleja del concepto de la unidad de la nación española, consagrado en la Constitución de 1978 y rompe uno de los consensos básicos. Incluso, más allá de las diferencias internas que el PSOE padece respecto a su propio modelo federal del Estado, el PP tiene cerrada a día de hoy la puerta de esa reforma.