La juez Alaya imputa a la exministra Magdalena Álvarez

Fuentes judiciales han confirmado que en el nuevo auto de la juez Alaya imputa a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exinterventor general Manuel Gómez, que fue quien alertó en numerosas ocasiones de que había anomalías en el proceso de concesión de ayudas, aunque sin advertir menoscabo de fondos públicos. Gómez, que fue consejero durante dos meses y medio al presentarse Magdalena Álvarez a las elecciones generales, está citado a declarar el próximo día 25 de julio.

Con estas imputaciones, Alaya retoma una de las líneas de investigación de la trama, la de la concesión de las ayudas y cómo salía el dinero de la Junta. El juzgado investiga un fraude de más de 150 millones de euros en una partida que a lo largo de una década sumó 1.500 millones de euros, incluidos gastos.

"Un paso cualitativo"

En un auto fechado el pasado 28 de junio y hecho público esta mañana a las partes, Alaya sostiene, en base a un atestado de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, realizado tras interrogar a cargos de la Junta de Andalucía, que el procedimiento de las transferencias de financiación utilizado para pagar los ERE constituían una "figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales". Alaya insiste como en otras ocasiones que se ha obviado "el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza".

La jueza considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que incidiariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción".

En el caso de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la jueza dice que como consejera de Economía y Hacienda desde 1994 a 2004 fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003.