Un país con 18 «consejos de Estado»

Pese a los recortes presupuestarios que han reducido su presupuesto de forma generalizada, aún así la «factura» de esos consejos autonómicos meramente consultivos ascenderá este año a 30 millones de euros. Más de cinco millones se irán en pagar a altos cargos, a los consejeros consultivos. Son de designación política, por lo general juristas y ex-altos cargos de cada autonomía. A veces tienen sueldo; otras, sus retribuciones las cobran en forma de dietas. En algunos casos, tanto sueldos como dietas.

Lo curioso es que los diecisiete consejos consultivos autonómicos cuestan, en su conjunto, más del triple que el Consejo de Estado. Este año, sus presupuestos suman exactamente 29.849.031 euros; el del Consejo de Estado, 9.888.160 euros. Los gastos de personal se disparan en la misma proporción: 22,7 millones entre los diecisiete consejos consultivos autonómicos, frente a los 7,8 millones del Consejo de Estado.

Millonada en las cúpulas

Pero, dentro de los gastos de personal, el apartado en el que más se multiplica el sobrecoste es el de las retribuciones de altos cargos: más de cinco millones de euros entre los diecisiete consejos autonómicos —dos de ellos en Cataluña—, frente a menos de 850.000 euros en el caso del Consejo de Estado. Cada mes se va medio millón de euros en retribuir a los altos cargos de los órganos consultivos autonómicos.

Los consejos autonómicos gastan medio millón al mes en altos cargosEntre estos 17 entes, sus partidas para dietas rondan, en total, el millón doscientos mil euros; en el Consejo de Estado, 268.000 euros. Estos fondos engloban las dietas que se pagan tanto al personal como a los altos cargos.

Pero, ¿ son imprescindibles estos entes ? Cantabria ha demostrado que no. Ni tiene ni ha tenido consejo consultivo, y ni por ello ha sido menos autonomía que las demás, ni ha visto quebrado su funcionamiento institucional. Eso sí, se ha ahorrado una millonada.

Otro dato en la misma dirección: en sólo un año, Canarias ha reducido un 82 por ciento el presupuesto de su órgano de «alto asesoramiento», y aparentemente no habrá cataclismo institucional: en 2012, el Consejo Consultivo de Canarias manejó un presupuesto de 2,5 millones de euros; este año funcionará con menos de medio millón, cinco veces menos.

Además, son órganos que no tienen capacidad ejecutiva, son meros entes asesores en materias jurídicas, sus dictámenes no son de obligado cumplimiento y coexisten con los propios servicios jurídicos con que cuenta cada administración autonómica.

Cataluña hace doblete

En Cataluña tienen dos: la Comisión Jurídica Asesora —«alto órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat»— y, desde hace tres años y medio, el Consejo de Garantías Estatutarias. El año pasado —Cataluña no tiene presupuesto aprobado para 2013—, el primero de ellos dispuso de 3,07 millones de euros; y, de 3,46 millones el Consejo de Garantías Estatutarias. Entre los dos «altos órganos de asesoramiento» de la Generalitat, seis millones y medio de euros en un año.

La definición oficial que el Gobierno catalán hace de este tipo de entes deja claro lo que son, su espíritu y el carácter que tienen de estructura solapada con la del Estado: «En Cataluña, la Comisión Jurídica Asesora equivale y sustituye plenamente al Consejo de Estado».

Los consejos consultivos han ido blindándose en los respectivos estatutos de autonomía. Fue sencillo crearlos, pero eliminarlos es más complicado , porque están amparados por leyes orgánicas —cada Estatuto de Autonomía—, que no son inamovibles pero a las que rápidamente apelan las autonomías que se niegan a suprimir esos entes. Leyes orgánicas, por cierto, que en su día no sólo fueron aprobadas por el Parlamento autonómico de turno, sino en último término en las Cortes Generales.