El chófer que gastó dinero de los ERE en cocaína solo tiene 1,64 euros

Así, tras hacer las correspondientes averiguaciones patrimoniales del imputado, el juzgado ha confirmado que carece de bienes sobre los que decretar nuevos embargos y admite que todas sus cuentas corrientes tienen un saldo negativo y que sólo en una de ellas tiene 1,64 euros.

Por otra parte, la juez también ha contestado a varios recursos de los más de setenta imputados que siguen presentando escritos . En este caso, la magistrada ha hecho firme el embargo de la indemnización por despido que recibió el exconsejero Antonio Fernández de la bodega González Byass para hacer frente a la fianza de 807 millones de euros que pesaba sobre él. «Son embargables las rentas en dinero, cualesquiera que sean su origen y la razón de su devengo», dice la magistrada, que responde así al recurso del exconsejero contra el embargo de los 31.400 euros de su despido en González Byass, cantidad que cobró y que se une a los 386.181 euros de los que fue adjudicatario dentro del ERE aprobado en el año 2008, pero a los que renunció.

Ayer también se conocieron otras resoluciones. En una de ellas la Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza civil impuesta a la dueña del restaurante Río Grande de Sevilla , que resultó imputada, y por valor de 1.990.689,36 euros. Los jueces de la Audiencia de Sevilla justifican su decisión en que «existen indicios de la comisión de hechos de relevancia penal y causas que justifican» la imposición de dicha fianza. La Audiencia cree que «procediera o no por razones organizativas el ERE » de Río Grande, «lo que nunca se ajustó a la legalidad vigente fue el modo en el que la Administración soportó en exclusiva sus consecuencias, con el consiguiente detrimento de las arcas públicas, lo que en principio no pudo ser algo desconocido para la apelante, que fue empresarialmente beneficiada».

«No conocía» las actividades de su marido

Por otra parte, María José Marcos, la mujer del directivo de Vitalia Antonio Albarracín, también imputada, ha presentado un recurso contra la fianza de 5.667.319,38 euros que le impusieron, alegando que no conocía lo que hacía su marido.

Según alega, el hecho de que supiera de la actividad profesional de su esposo, de las relaciones de Vitalia con la Junta de Andalucía y de los contratos de esa sociedad con las administraciones públicas «no puede concluir que albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos». E insiste en que «ser la esposa de Albarracín no convierte a Marcos en autora de los delitos».