Dinero de la Junta para parados acaba en Rumanía, Luxemburgo y paraísos fiscales

Un informe de los Mossos d’Esquadra, que forma parte de las diligencias del caso Eurobank instruido en la Audiencia Nacional, aporta detalles muy sustanciosos sobre la arquitectura financiera creada para evadir importantes partidas de dinero público que teóricamente estaba destinado a rescatar a empresas y asegurar una pensión a trabajadores que se quedaban en paro.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya , levantó el miércoles pasado parte del sumario (51 tomos) que estaba bajo secreto desde hace siete meses, relacionado con el cobro de las llamadas sobrecomisiones. Se enmarca dentro de la operación «Heracles», que se ha saldado con cinco imputados más. Entre la voluminosa documentación entregada ayer a las partes se halla el citado informe de avance que realizó en 2011 la policía autonómica catalana a instancias de un juzgado de Barcelona tras incautarse de una gran cantidad de documentación en papel y material informático en los inmuebles de Vitalia. Hasta seis directivos de la consultora están imputados en el caso de los ERE : Eduardo Pascual y María Vaqué (también imputados en Eurobank), además de Antonio Albarracín y su esposa María José Marcos, Jesús Bordallo y Roser Massa.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estima en 21,35 millones de euros «el exceso de comisión percibida en el conjunto de las pólizas» de prejubilación gestionadas por la consultora Vitalia, cuyos márgenes de ganancia superaron el 29,5% (aunque la media del mercado estaba en torno al 4% o 5%). Los trabajos se adjudicaron sin mediar un concurso público. De esta cuantía, las comisiones cobradas por la filial Irson SL y correpondientes a pólizas suscritas con la aseguradora Generali ascendieron a 7,9 millones, mientras que Holding Europeo Tindex facturó 13,29 millones a través de las pólizas firmadas con Fortia.

El atestado de los Mossos d’Esquadra destaca que su «importante papel» como mediador ante la Junta constituyó «una de las fuentes de negocio mediante la cual se nutría el grupo». Dentro del «laberíntico entramado» se encontraban la aseguradora belga Apra Leven, ya quebrada, y Fortia Vida (resultado de la fusión de Personal Life y Norton Life), que concentraron gran parte del negocio de las prejubilaciones pese a carecer de autorización legal para realizar tales operaciones. Los investigadores destaparon que Apra Leven «replicó un entramado mercantil en torno a la aseguradora belga» que habría acabado en sociedades inmobiliarias de Luxemburgo (considerado un paraíso fiscal) y Rumanía. Precisamente en este país los agentes descubrieron cómo compraron un solar por un precio irrisorio y otra sociedad suya adquirió el mismo solar a «un precio muy superior a través de tasaciones falsas para inflar el valor del patrimonio». Vitalia también utilizó terceras empresas ubicadas en paraísos fiscales para «dotar de opacidad al movimiento de fondos», apuntan.

El consejero lo autorizó

La Guardia Civil concluye que las sobrecomisiones, que «han causado un verdadero perjuicio a la hacienda pública andaluza, eran acordadas por Albarracín, director general de Vitalia, con la Junta, «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Pascual y Vaqué, por un lado, y el consejero de Empleo [Antonio Fernández] por otro). Los comensales que comieron de este jugoso pastel fueron tan diversos como el destino del dinero: enriquecimiento personal de los mediadores y del exdirector de la Junta Javier Guerrero, pagos a los sindicatos UGT y CC.OO. «por servicios prestados o no», así como a «conseguidores» de ayudas como Juan Lanzas, consultoras y abogados.