La Junta andaluza desvió 11 millones de comisiones de los ERE a más destinatarios

En un informe remitido por el fiscal del caso al Tribunal de Cuentas para la investigación contable que está elaborando sobre los expedientes de regulación de empleo en la Consejería de Empleo, al que ha tenido acceso ABC , figuran numerosas irregularidades y un gran «descontrol»: en el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, donde se encontraron numerosos intrusos; en los abonos de las ayudas, con la detección de los denominados «pagos cruzados»; y en las propias ayudas a empresas en crisis.

«Pagos cruzados» irregulares

Así, llama la atención que el fiscal resaltase la existencia de un procedimiento que la propia Consejería de Empleo bautizó como «pagos cruzados» y que consistía en que desde la Dirección General de Trabajo se hacían pagos irregulares para el abono de las ayudas sociolaborales, de forma que se producían «desviaciones de los importes destinados para el pago de una póliza de seguro colectivo de rentas hacia otras».

En este sentido, el fiscal, en su escrito asegura que la Dirección General de Trabajo cursó a las compañías aseguradoras y a otros mediadores órdenes para efectuar «al menos 34 pagos cruzados por un total de movimientos de fondos de 11.131.672 euros» . De hecho, el fiscal insiste en esta idea cuando asegura que «las transferencias realizadas por la agencia IDEA a las entidades aseguradoras, a instancia del titular de la Dirección General de Trabajo podían ser de nuevo transferidas a otros destinatarios para la distribución definitiva de los fondos».

El papel de las aseguradoras

Pero en este capítulo referente a los abonos de esas ayudas también se asegura que entre los años 2002 y 2005 IDEA hizo pagos directos a Vitalia por importe de más de tres millones de euros, concretamente 3.297.188 euros, a los que hay que sumar otros pagos directos a otra cuenta por un importe de 71.224 euros.

En cuanto a la otra mediadora con la que trabajaba la Junta, Uniter (y cuyo dueño está imputado y pendiente de ser citado a declarar), hubo pagos directos por un importe de 408.304 euros. Y se ha encontrado un caso en el que la Junta de Andalucía pagó un importe de 2.036.301 euros que debía abonar la empresa. O se detectaron otros escritos de la Dirección General de Trabajo a Vitalicio Seguros indicándole que la transferencia que iba a recibir eran de 1.700.000 euros y otro a Fortia Vida, de 355.693 euros.

Sin justificación

Todo ello, según el fiscal que investiga el caso, revela que en el periodo entre 2001 y 2009 hubo una «ausencia de control del empleo de los fondos abonados» sin que la Junta de Andalucía exigiera a los beneficiarios «ningún tipo de justificación del destino final de los fondos».

Y que, como el importe de los pagos cuyo destino se alteró por este método no está registrado en ningún sistema de información, «no hay garantía de la cifra total obtenida a través de los mismos». Es decir, que podría ser más dinero el presuntamente desviado a otros destinatarios.

El Ministerio Público también advierte de que, en el 88 por ciento , de los casos la prioridad obedece a pólizas con intrusos o irregulares o a pólizas que «en realidad encubren pagos para fines de otra naturaleza».

Además, con este sistema se suscribieron ocho pólizas individuales para personas ajenas a cualquier ERE con cargo a la partida 31-L por valor de 2.235.051 euros. Y también otras dos más. O las primas suscritas en las pólizas de los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva por un importe de más de 25 millones de euros con un exceso de coste 1.254.334 euros y una orden de transferir otra cantidad (más de un millón de euros) a Uniter.

El fi scal también menciona el ERE de Santana Motor donde, según dice, hubo un número determinado de trabajadores que no fueron incluidos como beneficiarios de pólizas. Las indemnizaciones se dieron a través de la asociación de trabajadores «28 de febrero» por más de 15 millones.

En el capítulo de ayudas a empresas, el Tribunal de Cuentas tiene constancia de que de las 162 ayudas analizadas, por más de 94 millones, se pagaron más de 86 millones y en ellos también hubo un absoluto descontrol. Entre las irregularidades detectadas por el fiscal se encuentran que en el 92 por ciento de los casos no consta memoria justificativa, en el 77 por ciento no hay ni siquiera resolución de la concesión de las ayudas o que la concesión de estas cantidades no estaba vinculada al cumplimiento de los objetivos concretos.