El Gobierno de Rajoy salvó a La Sexta para garantizar el pluralismo en televisión

Flexibilizó las condiciones de la fusión con Antena 3 para que fuera viable

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El Gobierno de Mariano Rajoy flexibilizó las condiciones que fijó la Comisión Nacional de la Competencia en su dictamen del 11 de julio del pasado año para permitir la fusión entre Antena 3 y La Sexta. En aquella época, la segunda de las cadenas, sin duda de las más críticas con el Ejecutivo del PP, atravesaba por problemas económicos que comprometían seriamente su supervivencia. Una decisión contraria a la unión de ambos operadores o la imposición de unas condiciones exigentes que hicieran inviable que se produjera la misma —simplemente, mantener las que habían sido aprobadas por la citada comisión—, habría acabado sin duda con el cierre de La Sexta y por tanto también con el fin de una voz abiertamente contraria a la acción gubernamental.

El acuerdo del Consejo de Ministros, en sus cuestiones previas, precisa que «las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia hacen inviable la operación a juicio de la adquiriente (Antena 3), con lo que, de facto, producen el mismo efecto que la denegación de la autorización». Añade el documento que en «el otorgamiento de las licencias audiovisuales, las Administraciones Públicas deben velar por la consecución de intereses públicos, como son el pluralismo político e informativo, la protección de los derechos de los consumidores, la contribución al desarrollo tecnológico, etc.». Y concluye que «la intervención del Consejo de Ministros en la operación se basa en la necesidad de proteger unos intereses generales que son perseguidos por la Administración desde la misma concesión de las licencias y que se ven afectados por la imposición de condiciones asimétricas en un mercado relacionado, el mercado de la publicidad, fuente principal de ingresos de los licenciatarios».

De acuerdo con estas consideraciones generales el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy decidió no atender el dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia y flexibilizó en gran medida las condiciones de la fusión, hasta hacerla viable desde un punto de vista económico. Lo hizo, según se recoge en el acuerdo del Ejecutivo, porque «la operación de concentración garantiza la pervivencia de canales que sirven a públicos objetivos diferentes que, de otra manera, quedarían privados, casi con certeza, de una línea editorial de características propias bien definidas con el consiguiente empobrecimiento del pluralismo que debe quedar protegido».

El Consejo de Ministros, en su acuerdo, fue más lejos y añadió: «La búsqueda de un adecuado equilibrio en la pluralidad política e informativa justifica la intervención del Gobierno para tratar de evitar la desaparición de una línea editorial, máxime en la coyuntura actual en la que el modelo de negocio de muchos prestadores del servicio de televisión ha pasado a convertirse en meros arredandores de canales que carecen de una línea y oferta de programación propias».

La Sexta es un proyecto de televisión surgido al calor del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que quería crear un grupo de comunicación contrapeso de Prisa. Desde el principio la cadena fue muy crítica con el Gobierno popular. A pesar de ello, Rajoy prefirió garantizar su supervivencia para salvaguardar la pluralidad informativa.

Telecinco y La Sexta, la oposición real

La mala situación del PSOE y el escaso peso político en el conjunto de España del resto de grupos de la oposición ha convertido a los debates de fin de semana de Telecinco y La Sexta en la auténtica oposición al Gobierno de Rajoy. En el Ejecutivo hay preocupación porque en ocasiones esos foros se convierten en altavoz de colectivos radicalizados, que lanzan mensajes tergiversados que aumentan la crispación en la opinión pública.

Los populares son conscientes de ello, hasta el punto de que según dijo a Colpisa la oficina de prensa del partido, «hay una decisión de la dirección de no asistir a determinados programas que convierten la política en espectáculo», aunque no se ponen pegas a participar en «debates donde se trate la política desde una visión seria». Insisten en que «no es un veto específico a ningún programa», aunque otras fuentes del partido confirman lo que es «vox populi»: que «se ha dado una instrucción de que ningún político del PP vaya concretamente a El Gran Debate de Jordi González en Telecinco ni a La Sexta Noche de Iñaki López», que se hacen competencia los sábados por la noche.

Lo cierto es que esta radicalización de los mensajes es un fenómeno propio de los países del sur de Europa. «En el mundo anglosajón y en el norte de Europa los medios no están tan polarizados, pero aquí los medios no son, ni lo quieren ser, objetivos», apunta Antón R. Castro, profesor de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Complutense.

Para algunos dirigentes populares el no acudir a esos programas es un «error garrafal». «Si hay tertulianos que te dan caña es mejor argumentar que no estar». Un edil popular de perfil mediático asegura que a él no le ha llegado ninguna orden, aunque le «suena» que «ha habido pegas».