El Gobierno reducirá los tiempos de la Justicia con más juicios rápidos
Imagen de un juicio rápido - pablo m. diez

El Gobierno reducirá los tiempos de la Justicia con más juicios rápidos

Se podrán celebrar en un máximo de quince días y se amplían a todo tipo de delitos

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El nuevo Código Procesal Penal cambia el nombre de «juicio rápido» por el de «juicio directo» y amplía el catálogo de delitos susceptibles de ser juzgados por este procedimiento a todos aquellos en los que el hecho punible sea flagrante o de «investigación sencilla».

La pena que lleve aparejada el delito ya no tiene por qué ser menor de cinco años ni el hecho delictivo ceñirse al listado que lleva vigente desde 2002: lesiones, coacciones o amenazas físicas o psíquicas; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, algunos contra la salud pública y otros contra la propiedad intelectual e industrial. A partir de ahora podrán ser enjuiciados de esta forma todos aquellos delitos que no requieran más que una «sencilla investigación» y que puedan ser remitidos directamente a juicio. Se excluyen homicidios y asesinatos, que, como informó ayer ABC, quedan reservados al Tribunal del Jurado.

La comisión de expertos que se ha encargado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal justifica la modificacion de la expresión juicio «rápido» por «directo» porque la primera tiene una carga «peyorativa y evoca la idea de un juicio apresurado o con menor nivel de garantías». Y añade: «No es admisible que el perjudicado o los testigos hayan de prestar declaración primero ante la Policía, después ante el instructor y finalmente en el juicio oral, que, precisamente por tal reiteración de diligencias, tarda en celebrarse un tiempo superior al razonable».

Juez de garantías

Al margen de la nueva regulación de los juicios rápidos, el nuevo Código Procesal Penal contiene otras reformas de calado en los 707 artículos de los que se compondrá. Entre ellas, que la investigación estará en manos del fiscal y no del juez instructor, que pasará a ser un «juez de garantías», que tendrá como principal función salvaguardar los derechos fundamentales de las partes y resolver finalmente sobre el sometimiento o no a juicio del encausado.

Además, el imputado pasa a denominarse «encausado» para evitar el estigma social que acompaña al primer término, y el Fiscal sólo podrá mantener el secreto durante el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines, que se cifra en tres meses, que podrán llegar al año en caso de que se investigue una organización criminal.