El Gobierno traslada el jueves al Congreso su propuesta de Ley de Transparencia

De esta forma, el secretario de Estado dará cumplimiento al compromiso que adquirió con la oposición el pasado mes de febrero, cuando citó por primera vez a los grupos para conocer de primera mano su posición respecto al proyecto. Entonces, ambas partes acordaron volverse a ver una vez finalizaran las comparecencias de expertos que han desfilado ante la Comisión Constitucional para dar su parecer sobre la propuesta del Ejecutivo.

La última ronda de comparecencias tuvo lugar el pasado 24 de abril, pero aún está pendiente de decidir si se dará audiencia a los sindicatos y la patronal, habida cuenta de que, aunque el proyecto de ley no contempla su inclusión en la norma, ya hay un acuerdo de los grupos para que se vean afectados por ella, al igual que los partidos, la Corona y otras instituciones.

La oposición quiere que se cite a los agentes sociales, pero tanto el Gobierno como el PP son partidarios de cerrar ya definitivamente las comparecencias para que éstas no se eternicen y se retrase la tramitación de una norma que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre. Los populares alegan que ningún representante de las entidades que se van a incluir en la ley de manera sobrevenida ha acudido al Congreso y que, de llamar a sindicatos y empresarios, habría que recabar también la opinión de otros afectados.

Durante la reunión del jueves Ayllón, informará a los grupos de cómo plantea concretar el Ejecutivo la inclusión en la ley de nuevas entidades afectadas, desde la Corona y otras instituciones como las Cortes, hasta los partidos políticos. En el Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso aprobó una resolución en la que se instaba a extender el espíritu de la ley a «aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público».

A raíz de este acuerdo, el Gobierno preparó un informe para determinar cuáles deberían verse afectadas en virtud de esa premisa, sin descartar que la norma pudiera llegar incluso a obligar a la Conferencia Episcopal. Esta última opción fue desechada por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional. El responsable de máximo órgano asesor del Gobierno también se pronunció sobre cómo debe recoger la ley el mandato de transparencia a los partidos políticos.

En su opinión, existen problemas técnico-jurídicos para que la Ley de Transparencia concrete las obligaciones de las formaciones políticas que son entidades privadas y no pueden ser equiparadas a los poderes públicos. Por eso cree que este asunto debería regularse en la Ley de Financiación de Partidos que, además, a diferencia de la de transparencia, tiene carácter orgánico, o bien concretarse en las futuras normas sobre el ejercicio de las funciones políticas y el control financiero de los partidos políticos anunciadas por el Gobierno.

Sin embargo, en el Gobierno consideran que las referencias a los partidos podrían incluirse directamente en la Ley de Transparencia puesto que estos nuevos preceptos no afectarían al derecho fundamental sino que constarían más bien como una obligación de las organizaciones políticas.