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«caso Saqueo II»

Pedro Román: Gil «decidió no pagar a la Seguridad Social» porque no cobraba lo suficiente del Estado

El ex primer teniente de alcalde de Marbella declara que todas las decisiones económicas en el ayuntamiento las tomaba Gil

efe

El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román ha afirmado en el juicio del caso Saqueo II que el exalcalde Jesús Gil decidió no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social -91,5 millones de 1991 a 2001- porque «el Estado no ingresaba al ayuntamiento lo que le correspondía».

Durante su declaración como acusado en el tercer día del juicio por esta causa de presunta corrupción, en la que se enfrenta a 11 años de cárcel, Román ha contestado a las preguntas de la acusación de la Seguridad Social y de las defensas, pero se ha negado a hacerlo a las del abogado del Ayuntamiento de Marbella porque esta acusación tiene «un trasfondo político importante en este asunto».

«Gil decidió no pagar a la Seguridad Social», dice Román

En esta causa que juzga la Audiencia Nacional se acusa a 35 personas de haber desviado unos 70 millones de euros del ayuntamiento entre 1994 y 2001 a través de empresas públicas y privadas y con dádivas a los concejales, así como defraudado 91,5 millones a la Seguridad Social.

Sobre este último aspecto, Román ha afirmado al letrado de la Seguridad Social que cuando ganó las elecciones municipales en 1991 Gil necesitó una gran cantidad de dinero para ejecutar «ingentes» obras y transformar la ciudad.

Ante esta necesidad, ha añadido, y «como el Estado no ingresaba al ayuntamiento lo que le correspondía, Gil decidió no pagar a la Seguridad Social», una estrategia con la que perseguía conseguir «compensaciones» a través de negociaciones con el Gobierno central.

Gil decidía

El que fuera mano derecha de Gil en el consistorio entre los años 1991 y 1998 ha insistido en su versión de que ningún concejal tomaba decisiones económicas en el consistorio y que era Gil quien lo hacía. «Simplemente nos pasaban una línea de actuación y la seguíamos», ha dicho.

Además, ha defendido la legalidad de los convenios que se firmaban por parte del consistorio y sus empresas municipales (el gobierno de Gil creó 31 para, según la Fiscalía, desviar dinero), ya que todos ellos «iban acompañados de los preceptivos informes jurídicos y técnicos» y avalados por el interventor del ayuntamiento.

De esta manera, ha secundado la versión dada la pasada semana por el principal acusado, el exconcejal Julián Muñoz -se enfrenta a 13 años y medio de cárcel-, de que Jesús Gil era quien manejaba los hilos del consistorio.

Román ha explicado hoy, como ya hizo el pasado viernes a preguntas de la fiscal, que no gestionó ninguna de las sociedades en las que aparecía como presidente y que sólo ocupó estos cargos porque así se lo ordenaron.

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