La consejera de Vivienda andaluza envió 142 avisos de desahucio a familias

Sin embargo, según puntualizan fuentes de su Consejería, estos lanzamientos no llegan a consumarse desde junio pasado porque no dan parte de las denuncias a los juzgados. La responsable autonómica de Vivienda anunció el 28 de junio en el Parlamento andaluz que había dado la orden de paralizar todos los desahucios que estaban tramitándose en los casos de «sobreendeudamiento» de las familias y que afecten a menores y ancianos. Ninguna familia, aclaran, va a perder el uso de la vivienda por no poder abonarle el alquiler a la Junta.

La empresa pública EPSA alega dos causas principales para resolver el contrato y ordenar el desalojo: destinar el inmueble a «un uso indebido o no autorizado», como sería tenerlo vacío, o «la falta de pago de las rentas, causa de desahucio administrativo prevista en el artículo 15 de la Ley 13/2005», al que apela en algunas de sus notificaciones.

Los últimos anuncios están fechados el 15 de marzo pasado y corresponden a cuatro adjudicatarios de viviendas en la capital sevillana. EPSA acuerda iniciar un procedimiento de desahucio administrativo al no poder localizarlos. Les da un plazo máximo de 15 días hábiles, desde la publicación del anuncio, «con objeto de que puedan formular alegaciones y consultar el expediente administrativo».

Estos avisos pueden leerse en el BOJA del pasado 2 de abril, apenas cinco días antes de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordara quitarle temporalmente los pisos a los bancos que desahucien, una iniciativa que la izquierda exhibe como emblema de su política y cuya legalidad cuestiona el Ejecutivo central.

Fuentes oficiales de la Consejería de Fomento y Vivienda argumentan que la Ley de Procedimiento Administrativo les obliga a iniciar los expedientes administrativos cuando alguno de los 135.000 inquilinos de los más de 80.000 inmuebles que integran el parque público de viviendas de la Junta incumple sus obligaciones. Matizan que la Administración autonómica ha continuado abriendo expedientes para vigilar el uso que se da a un bien público para no trasladar la idea de que no importa lo que se haga con el piso porque nunca se va a perder su adjudicación. No obstante, desde el departamento de Elena Cortés insisten en que desde junio pasado no da parte a los juzgados de los procedimientos, por lo que, a la postre, los lanzamientos no llegan a producirse.

Desde la Consejería recuerdan que se trata de rentas muy bajas, que a veces no llegan a los 50 euros mensuales. En otras ocasiones, EPSA se da cuenta de que no hay nadie ocupando la vivienda, incumpliendo así una de sus obligaciones contractuales, que consiste en destinar la misma a domicilio habitual y permanente.

La provincia gaditana lidera con 71 anuncios los expedientes de desahucio administrativos tramitados por la Junta de Andalucía en el último año, desde que Izquierda Unida ocupa la Consejería de Vivienda, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con el PSOE. Le siguen las provincias de Córdoba (23), Jaén (21) y Sevilla (20).

Ayer salió publicado en el BOJA el polémico decreto para frenar los desahucios, que entra hoy en vigor. En él se expone que utilizar las viviendas vacías para invertir justifica «una acción de policía». La norma avala en su exposición de motivos la expropiación temporal del uso de viviendas en «inminencia» de desahucio para afrontar a una «situación de emergencia social provocada por dramas humanos».