Las víctimas del acoso al PP

La campaña de presión promovida por la PAH en defensa de la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la ejecución hipotecaria ha sistematizado lo que sus integrantes llaman «acciones informativas», cuya escenificación, no obstante, se asemeja a un asedio personal en toda regla a dirigentes del PP. El último caso palmario aconteció este viernes cuando unos 150 personas acosaron el domicilio familiar de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría .

El escrache - como se conoce a este tipo de acción - cada vez preocupa más en el seno del PP cuyo vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, atribuyó ayer este acoso a la «izquierda violenta» que no respeta la «fuerza de los votos»: «Ningún partido ningún Gobierno ha legislado en favor de los deudores hipotecarios, especialmente de los más desfavorecidos, como lo está haciendo el PP», reiteró.

González Pons -dos décadas largas en la «trinchera» política- ha vivido momentos «muy duros» durante su dilatada trayectoria pública. «He enterrado a compañeros de partido asesinados por ETA, quizá eso haya sido lo más traumático». Sin embargo, el acoso organizado por la PAH en torno a su domicilio aquel 20 de marzo le ha llevado a experimentar una angustiosa sensación de vulnerabilidad e «indefensión» de lo más querido para un ser humano: su familia. Ayer mismo acabó su mudanza, precipitada por los últimos acontecimientos.

«Mi caso no es único y eso me lleva a sentirme solidario»Para aplacar las críticas giradas en torno a su presunto afán de notoriedad a cuenta de este episodio, el también vicesecretario ejecutivo de Estudios y Programas del PP precisa que «mi caso no es único, y eso me lleva a sentirme solidario en la misma proporción que yo he recibido estos días innumerables muestras de solidaridad. En este sentido, en mi partido somos una piña en defensa de la libertad», lo que, agrega, quedó muy claro durante la Junta Directiva del partido celebrada el pasado miércoles.

Los vaivenes del ejercicio político no han impedido a González Pons convertir a su familia en el vector de sus prioridades. Casado por segunda vez, seis hijos -una niña fruto de su relación con su actual esposa, dos hijos de un primer matrimonio y otros tres aportados por su mujer de su anterior relación- constituyen otros tantos motivos de peso para regresar en cuanto le es posible a Valencia y pasar con ellos todo el tiempo que sus obligaciones en Madrid le permiten.

El trasfondo de las actividades desplegadas por los responsables de la PAH encierra una peligrosa espiral que supondría, según el dirigente popular, «la muerte del Estado de Derecho. La coacción sistematizada es capaz de alterar la voluntad de los que representantes de los ciudadanos: hoy son los desahucios, pero mañana pueden ejercer la presión sobre los dirigentes políticos los antitaurinos o cualquier otro colectivo airado».

«Una inaceptable irrupción de la violencia como método de discusión»Acostumbrado a la liza política más descarnada, González Pons ve tras este tipo de acciones «una inaceptable irrupción de la violencia como método de discusión». Por eso, asiste con perplejidad a proclamas como la de Elena Cortés , consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, a quien, según sus propias palabras, solo su responsabilidad institucional le disuade de participar en los acosos contra miembros del PP.

El pasado 26 de marzo, González Pons, activo en las redes sociales como pocos, lanzó un tuit en el que manifestaba su voluntad de no arredrarse: Por cierto, a todos esos q además de alentar q coaccionen a mi familia quieren q me vaya asqueado de Tuiter, una mala noticia: YO ME QUEDO.

Otros políticos, como la socialista Elena Valenciano, se han borrado de Twitter para proteger a sus hijos de insultos y amenazas. «Comprendo la indignación de mucha gente, me solidarizo con las personas desahuciadas y con quienes lo están pasando mal. Asistimos todos los días a mucho sufrimiento, a mucha frustración y a muchas injusticias, pero nada, absolutamente nada, justifica el acoso a la familia de quien sea, y en eso no se puede ceder ni un milímetro». Lo dicho: él se queda.

Carmen Rodríguez afirma pesarosa que ya tiene tres escraches en su historial. Esta diputada asturiana conoció a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Asturias en la víspera de que la Iniciativa Legislativa Popular llegara al Congreso. Aquel día, el PP asturiano celebraba en su sede una reunión con ciudadanos.

Según ha explicado Rodríguez a ABC, acudieron veinte miembros de la plataforma, con quienes dialogó durante una hora sobre la posición que el Partido Popular iba a mantener en la votación del día siguiente: «Insistían en que íbamos a votar que no y yo les explicaba que eso no se sabe hasta el último momento. Cuando al día siguiente votamos a favor, les llamé por teléfono».

«Cuando me giré empezaron a llamarme sinvergüenza, asesina y criminal social»La siguiente vez que les vio fue antes de participar en un acto público: «Al llegar me acerqué y estuvimos hablando unos diez minutos, hasta que tuve que entrar; cuando me giré empezaron a llamarme sinvergüenza, asesina y criminal social. En ese momento, cuando tienes a 20 personas insultándote, prefieres no pararte».

Al salir del acto comenzó un paseo de más de una hora por las calles de Oviedo hasta que se vio obligada a pedir ayuda a la Policía para coger un taxi. «Después pensaba ir a un mercadillo de una asociación benéfica y tuve que cambiar mis planes para evitar altercados. A veces la prudencia indica que tienes que perder tu libertad por evitar follones», explica. Todo esto está relatado en la denuncia que interpuso en comisaría.

Según su relato, el segundo escrache fue más desagradable: «Iba con mi hija y yo le decía que se metiera en una tienda de helados, pero ella no quería dejarme sola». El tercero se produjo en una comida benéfica organizada por el PP en Avilés: «Yo no estaba porque estaba curándome un esguince, pero había 40 afiliados y 6 eran niños. Al no verme fueron a buscarme a la sede».

Por su experiencia, Rodríguez asegura convencida que esas personas «no buscan el diálogo, porque han podido hablar conmigo; ni siquiera buscan defender una postura que es perfectamente legítima». Por ello, argumenta que si la ley castiga a quien intenta cambiar el sentido de un voto ofreciendo regalos también debería castigar a quien intenta hacerlo amenazando. Un castigo, dice, igual o superior.

Fue una de las pioneras, a su pesar, en ser hostigada antes de que la palabra escrache se pusiera de moda. Todo ocurrió el pasado 13 de julio. Para la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, quien se topó con un grupo de radicales cuando salió de su casa en el barrio de Malasaña para dirigirse a una farmacia, el ataque fue tan inesperado como directo. Los atacantes formaban parte de una manifestación ilegal contra los recortes. Los insultos, empujones, amenazas y escupitajos que recibía aumentaban, al tiempo que la perseguían. «No quería que supieran donde vivo y me refugié en un restaurante. Lo peor de todo es que mi hijo lo vio todo desde el balcón. Menos mal que no bajó», rememora.

«Me sentí amenazada, impotente y frustrada»«Me sentí amenazada, impotente y frustrada. No me agredieron porque no les dio tiempo. Fue un episodio muy desagradable porque no sabes como vas a reaccionar. Lo mejor es mantener la calma y no provocar ningún enfrentamiento».

Cifuentes considera que «el acoso es intolerable e incompatible con la democracia. Es un delito que no sólo va dirigido contra el político sino contra toda su familia, al acudir a su casa y su lugar de trabajo. Hay que denunciarlo porque nada tiene que ver con el derecho a la protesta pacífica».

La coacción persigue a la delegada continuamente, especialmente en las redes sociales, de las que es muy aficionada. «Las difamaciones y amenazas de muerte las sufro a diario y tienen un gran componente machista, ya que incluyen comentarios de tipo sexual y otras vejaciones».

Por ello, «he presentado una querella criminal genérica que voy ampliando y pago con mi dinero. Creo en Internet y no estoy dispuesta a que sea un espacio de impunidad, quiero una condena judicial y que se identifique a los autores. Hay que limpiar las redes y llegaré hasta el final». Y pese a todo, asegura que los ataques «le dan fuerza y la rearman moralmente para hacer mi trabajo».

El diputado en el Congreso Antonio Gallego ha comprobado cómo el portal de su domicilio en El Prat (Barcelona) se ha convertido en diana habitual para los acosadores. Tras ver cómo varias decenas de personas se concentraban frente a su vivienda el pasado 18 de marzo, en una ronda de acoso habitual, las intimidaciones han seguido posteriormente. Días después, una gran pintada en el suelo le emplazaba en un tono de lo más siniestro: «Vota sí. Primer aviso». «¿Cuál será el siguiente aviso?», se preguntaba en conversación con este diario tras denunciar los hechos a la Policía. Además de la pintada, ver empapelado el portal u oír cómo le gritaban «asesino», Gallego recibe en su correo electrónico unos 3.000 mails diarios contodo tipo de amenazas, una suerte de escrache cibernético.

«Sentirse acosado, señalado, no es nada agradable»Gallego describe la sensación de angustia al ver violado un «espacio íntimo como es tu casa». «Sentirse acosado, señalado, no es nada agradable», prosigue el diputado, para quien conductas como las sufridas por él tampoco le sorprenden tanto. «Lo hemos visto otras veces. La ultraizquierda siempre que pierde las elecciones acaba traspasando una línea roja y, por desgracia, en Cataluña esto es bastante habitual».

Alude Gallego a la presión habitual que desde hace años sufre el Partido Popular. En el caso de la agrupación de El Prat, a la que pertenece, las pintadas y el acoso llegaron a ser tan habituales que acabaron por decidir cerrar la sede. Desde entonces celebran las reuniones en sitios alternativos, «para que no nos molesten». Gallego, asqueado por una manera de entender la acción política que traspasa todos los límites, exige que se tomen medidas.