La Fiscalía cree que no hay nada nuevo que justifique la imputación de la Infanta

Anticorrupción sostiene que en estos trece meses, a pesar de las numerosas diligencias realizadas y las decenas de interrogatorios, sigue sin haber pruebas concluyentes de que la Duquesa de Palma tomara decisiones en el Instituto Nóos o en la inmobiliaria Aizoon, la empresa propiedad del matrimonio Urdangarín-Borbón y usada por el yerno de Don Juan Carlos supuestamente para desviar dinero público. Tampoco -aseguran en el Ministerio Público- han surgido indicios de que pudiera controlar las cuentas o de que participara de manera activa en los negocios irregulares, «datos claves» para sostener una acusación.

Para la Fiscalía, los famosos mails aportado por Diego Torres no son suficientes. En ellos -recuerda- solo se constata que Urdangarín pudo informar a Cristina de Borbón de algunas cuestiones puntuales del nacimiento del Instituto Nóos, pero ello no implica que ella participara de estos negocios o se implicara en los mismos. Tampoco los correos que apuntan a que hizo gestiones para favorecer a su marido ante las administraciones valencianas para que la fundación de niños discapacitados (FDCIS) pudiera participar en la Copa América son suficientes para Horrach. En ninguna de esas misivas aparece la contestación de la hija menor de los Monarcas y todo son referencias indirectas de terceras personas sobre supuestas actuaciones de la Infanta.

Tampoco el hecho de que figurara en la Junta Directiva de esa institución o fuera copropietaria de Aizoon son indicios suficientes, porque no hay documentos ni de la fundación ni de la mercantil que demuestren que ella autorizó o amparó con sus votos las irregularidades y delitos que se cometieron desde ambas sociedades. Recuerdan que el secretario del Nóos, Miguel Tejeiro, no ha podido aportar acta alguna de las reuniones de ese instituto porque no se celebraban y que la imposibilidad de ver si la firma de la infanta estaba en esas actas impide conocer el papel real de Cristina de Borbón en Nóos.

Para la Fiscalía es también importante el hecho de que solo un testigo, Diego Torres, ha declarado que la infanta tomaba decisiones en Nóos y que su responsabilidad en el instituto que se apropió de más de 6 millones de dinero público era la misma que la de los otros cuatro miembros de la Junta Directiva, todos ellos implicados. Desde Anticorrupción recuerdan que son muchísimos más los trabajadores de ese instituto que han declarado que la infanta apenas sí pisó Nóos en alguna ocasión y que todas las órdenes eran impartidas por Urdangarín, Torres y, a veces, Ana María Tejeiro, esposa del exsocio, que se ocupaba de las cuentas.

Así las cosas, el Ministerio Público cree inviable sostener una acusación contra la infanta y, mucho menos, defender una condena ya ante un tribunal pues -insiste- no tiene en su poder pruebas para probar que la infanta participó, ni siquiera como cómplice, en los delitos de malversación, tráfico de influencias o cohecho.