Toxo rubricó que la asociación que cobró los ERE no tendría nunca «ánimo de lucro»

Dicho documento interno forma parte del sumario del fraude de los ERE pagados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya y en él aparece la comprometedora firma de Fernández Toxo en calidad de secretario general de la federación que intervino en la operación.

Tres semanas después, en concreto, el 24 de junio de 2003, el sindicato elevó a escritura pública el acuerdo con el «visto bueno» del líder de CC.OO., tal y como acreditó el notario, como informó ayer ABC. Uno de los documentos de los que se valió el fedatario para certificar el apoyo de Fernández Toxo a la constitución del colectivo fue precisamente el escrito que recoge el acuerdo redactado por el secretario de Actas de la Federación Minerometalúrgica, Agustín Pérez del Castillo.

La ejecutiva manifestó «clara y libre voluntad» de montar la asociación, amparándose en un protocolo de colaboración suscrito pocos meses antes (abril de 2003) entre la Consejería de Empleo, entonces dirigida por el actual diputado socialista José Antonio Viera, y las organizaciones de UGT y CC.OO. en Andalucía. A su vez el sindicato alude al acuerdo marco firmado el 11 de septiembre de 2002 por el que la Junta y el Ministerio de Trabajo pactaron cofinanciar las prejubilaciones aportando 102,23 y 36 millones de euros, respectivamente.

El equipo de Toxo acordó expresamente que la asociación creada para prejubilar a trabajadores afectados por el cierre de las explotaciones mineras «carecerá en todo momento de ánimo de lucro», tendrá una duración de quince años y su domicilio social estará «inicialmente» en la avenida de la Constitución de Sevilla. Comparte sede con el bufete de abogados para el que trabajaba el «conseguidor» de ayudas Juan Lanzas, en prisión provisional como supuesto «cerebro» de la trama que investiga la juez, centrada en las sobrecomisiones que se pagaron a intermediarios, empresarios, bufetes de abogados y sindicatos para gestionar las pólizas de prejubilación.

La Guardia Civil calcula que el negocio de los sobreprecios movió 50 millones de euros durante la década la que funcionó el fondo de los ERE o «fondo de reptiles», al margen del dinero defraudado en las prejubilaciones trucadas. En los ERE de la cuenca minera onubense se colaron 44 intrusos, que se beneficiaron de ayudas sin haber trabajado nunca en las minas.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, hizo ayer una defensa numantina de los sindicatos. Denunció que hay una «cacería» contra los sindicatos mayoritarios y consideró «absolutamente desproporcionada» abrir «una causa general» contra UGT y CC.OO., después de que la juez señalara en un auto que cobraron 4,3 millones en comisiones de Vitalia, una de las mediadoras de los ERE.