Esclavos rumanos durmiendo en una bañera en Albacete

Los agentes liberaron a 72 rumanos, hacinados en varios pisos y detenido a 14 personas afincadas en España; hay otros tres imputados residentes en Rumanía. La organización captaba a las víctimas en Rumanía, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado. Las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto del año 2011, cuando un familiar de una de las víctimas presentó denuncia en la localidad alicantina de Benidorm. Esta persona reveló que una familia se encontraba retenida contra su voluntad y era explotada laboralmente por un grupo de personas de nacionalidad rumana en una vivienda de la localidad de La Roda (Albacete).

La víctima consiguió un móvil aprovechando un descuido de sus captores. Tras encontrarlo, retenido, se pudo localizar en diferentes puntos del territorio nacional y en Rumania a más víctimas explotadas laboralmente y retenidas en contra de su voluntad, todas ellas de nacionalidad rumana. Los agentes se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest (Rumania), donde conjuntamente con la Policía de Rumania se pudo identificar a los miembros del grupo criminal en ese país.

La Guardia Civil descubrió que captaban a sus víctimas en Rumania, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado y sin especialización. Todo ello se formalizaba en un contrato firmado en presencia de un abogado para dar más apariencia de legalidad. Además prometían alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno.

Cuando captaban suficientes víctimas, formaban grupos para trasladarlas a España en autobús o microbús, siempre acompañados por miembros de la organización, donde posteriormente eran entregadas a los encargados en España para custodiarlas y llevarlas a los lugares de trabajo. A continuación, la red exigía a las víctimas los gastos ocasionados por los traslados, manutención, alojamiento y obtención de documentación en nuestro país, consiguiendo de esta forma que adquirieran una deuda con los miembros de la organización que tenían que saldar con el trabajo diario.

En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en España, en el registro de ciudadanos de la Unión Europea. Una vez en España, las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad. Llegaban a albergar un mismo domicilio a 30 personas y en una de las viviendas la bañera era utilizada como cama. Las víctimas eran sometidas a jornadas laborales de sol a sol en campañas agrícolas, en las que eran objeto de amenazas y agresiones por parte de los miembros que se encargaban de su vigilancia.